Sacerdote lo confiesa todo: «Perdí la cabeza y lo agarré por detrás» (VIDEO)
El sacerdote Eligio Piccoli, actualmente con más de 85 años, entre risas, reveló que él y al menos diez profesores del Instituto Antonio Próvolo de Verona (Italia), abusaban de menores de edad sordomudos, y que aquellos que eran descubiertos infraganti eran enviados a Argentina -donde la entidad tiene también sede- a modo de castigo.
«Los sordomudos son todos corruptos», aseveró Piccoli ante un periodista que se hizo pasar por un exalumno del instituto, a quien reveló después los escabrosos detalles de cómo eran los abusos a los que él y otros curas sometían a los internos. Las pruebas reforzaron las denuncias de las víctimas en la causa que investiga la justicia italiana y podrían tener repercusiones en los casos de Argentina.
Y es que Piccoli es uno de los 24 acusados en la causa que investiga 67 abusos sexuales a menores de edad dentro de la institución religiosa, entre las décadas de 1960 y 1980. Por ello, él está internado en un edificio que es parte de la estructura vaticana, conjuntamente con otros sacerdotes mayores de edad.
“Con esos chicos, la única broma que hice fue tocar a uno, aunque no debía hacerlo. Era un jovencito que venía a mi habitación. Era mimoso. Mientras los demás chicos jugaban, éste no. Hacía frío y yo le decía: ‘Vení a mi cuarto’», dice en determinado momento.
Y luego añade: «En determinado momento me hacía ver su miembro masculino. Algo de cierto hay en lo que dicen, pero ellos (los sordomudos que hicieron las denuncias) son todos corruptos. Se tocaban, se masturbaban”.
“No era un pecado -agregó Piccoli en la cámara oculta-. Hacerlo entre varones era una broma. En cambio hacerlo con una mujer era más grave. Si uno lo hace por necesidad, para hacer un chiste, no pasa nada. Es como quien tiene el vicio de fumar”
No obstante estas declaraciones, que rayan en lo repudiable, en el año 2009, 67 exalumnos del Próvolo de Verona denunciaron abusos cometidos entre los años 60’ y 80’ por curas, religiosas y laicos consagrados que tenían a su cargo la educación de chicos sordomudos.
Sin embargo, la Fiscalía de ese país consideró que los delitos habían prescrito, debido a que ya habían pasado más de 20 años, periodo establecido en el Convenio Internacional de Lanzarote, por lo que no abrió investigaciones.