Recomiendan remoción del Contralor General de la República Edgar Alarcón
El subgrupo de la Comisión Permanente del Congreso recomendó la remoción del cuestionado contralor Edgar Alarcón, por estar inmerso en una serie de actos irregulares que incluso viene siendo investigado por el Ministerio Público.
En el informe del grupo de trabajo, se le atribuye al funcionario responsabilidades por incurrir en actividades lucrativas por la compra de vehículos, haber transgredido el Código de Ética de la Función Pública por pago de beneficios sociales no arreglada a ley.
Además por intento de coacción al auditor Walter Grados, quien fue el que denunció las irregularidades del alto funcionario. La cuarta causal está relacionada por las actividades comerciales como proveedor de la CGR.
“Dejará constancia de la valoración de la información recogida y los descargos del contralor. Sobre esa base, no dejará lugar a dudas en materia de objetividad”, indicó al diario La República, el legislador del Frente Amplio Marco Arana.
La sesión continuará mañana para concluir el documento final y por la tarde se prevé que la Comisión Permanente sesión para votar las conclusiones.
«Se contó con toda la información acopiada sobre las denuncias y los descargos del propio contralor, y el informe del auditor de la Contraloría, incluso la última denuncia sobre el título de la UNSA. Se ha analizado todo», comentó Marco Arana.
Por su parte, en conferencia de prensa el contralor Edgar Alarcón, negó estar involucrado en actos irregulares, al señalar que todas las denuncias en su contra carecen de sustento, al mismo tiempo descartó una eventual renuncia al cargo.
«Cuando se trata de perjudicar la autonomía de una institución todo vale. Ahora está en manos del país y de la representación nacional tomar una gran decisión: continuar apoyando la labor de la Contraloría de luchar frontalmente contra la corrupción o pasar a épocas anteriores donde la corrupción se sigue llenando las manos con dinero sucio», apuntó Alarcón.
Finalmente, se comprometió a hacer auditoria a la deuda pública y emisión interna de bonos que ascienden a 792 millones de dólares.