¿Qué saldrá de las elecciones de abril?

Si nos atuviéramos nada más que a la propaganda, las noticias y los espacios en la TV y los periódicos, en las elecciones de abril sólo estarían compitiendo los candidatos a la presidencia de la República. La competencia y los candidatos para los puestos parlamentarios siguen de yapa o son accesorios.

Correlativamente, los candidatos a presidente de la República, como los primeros actores de los espectáculos y atribuyéndose poderes fantásticos, ofrecen cambiar la constitución, subir o bajar impuestos, conceder bonos, ayudas y otras dádivas, modificar la estructura de las instituciones, etc. etc.

Se trata de una magnificación heredada de los tiempos en que el supremo poder de mandar en un país lo ejercía el rey o, en nombre de este, el virrey.

Y, ciertamente, no es así ahora.

El Poder Ejecutivo, cuyo máximo titular es el presidente de la República, sólo tiene como función la administración de los órganos del Estado encargados de la prestación de los servicios públicos y otras funciones colaterales con estos. De allí su denominación. Es un ente de ejecución sujeto a la Constitución y las leyes. Su poder reglamentario, conferido para procurar la aplicación de las leyes, es decir, para ejecutarlas, no puede transgredirlas ni desnaturalizarlas. E, igualmente, la función representativa del presidente del Estado y de la Nación debe ajustarse estrictamente a esas reglas superiores. En otros términos, no puede hacer lo que le dé la gana. Sus poderes son limitados.

Contrariamente, el Poder Legislativo, cuya función fundamental es dar las leyes, incluidas las constitucionales, dispone de un enorme poder, puesto que con las leyes puede dirigir y controlar a los poderes Ejecutivo y Judicial: ordenar que el Poder Ejecutivo haga o no tal o cual cosa, que el Poder Judicial resuelva de tal o cual manera y que las demás instituciones del Estado bailen como los parlamentarios deseen; puede además vacar al presidente de la República, imputándole lo que quiera y hacer lo mismo con otros funcionarios del Estado, sin responder por sus decisiones. Esa es la razón de que los ciento treinta escaños del congreso de la República sean tan apetitosos, además de la posibilidad de aumentarse los sueldos como quieran.

Todo esto no sale para nada en el campeonato electoral. La pugna por las curules parlamentarias es taimada, casi subterránea.

En los países con gobiernos parlamentarios, el enfrentamiento es directamente entre partidos políticos y, casi siempre, por programas. Si tienen presidente, la función de este es casi decorativa, con ciertos poderes de representación muy limitados.

En Estados Unidos, país que creó el régimen presidencialista, la disputa suprema se da, de hecho en exclusiva, entre los candidatos a la presidencia de la República de los partidos Republicano y Demócrata. El poder mediático y la alienación han hecho desaparecer toda posibilidad de inscripción de otros partidos y candidatos en la lista de participantes. Acabamos de ver el show electoral de Estados Unidos, tan importante como la entrega de los óscares de Hollywood. Ganó Biden, y los demócratas conservaron la mayoría en la cámara de representantes y obtuvieron una estrecha mayoría en la de senadores. Pero, cuando se inculpó a Trump por el asalto que indujo al Capitolio, no se obtuvo la mayoría de dos tercios, y Trump no pudo reprimir una carcajada e irse a su casa en la Florida a tomarse unos días de descanso. Por supuesto, Biden tendrá que ejecutar las leyes del congreso, mantener en sus puestos a los jueces nombrados por Trump y gobernar según el querer del poder empresarial que financió su billonaria campaña electoral. Es la manera de ser de la democracia estadounidense. Allá ellos.

En el Perú, para las elecciones del 11 de abril, hay 18 candidatos a la presidencia de la República y sus correspondientes listas de candidatos a representantes al congreso de la República.

Como es evidente, con tal dispersión ningún candidato a la presidencia llegará en primera vuelta a superar el 50% de los votos válidos, y no es seguro que alguno de los candidatos del poder empresarial obtenga el primero o segundo puesto.

Tal la razón de que este poder y su máquina de proyección, el poder mediático, estén más que preocupados, dándoles oxígeno a los tres o cuatro candidatos de su medio y a algunos otros que podrían quitarles votos a los calificados como populista e izquierdista (Yonhy Lescano y Verónica Mendoza, respectivamente) para que alguno de aquellos pase a la segunda vuelta, sea elegido y se convierta en su gerente de la cosa pública.

Con la elección de los congresistas el 11 de abril se cerrará el período de cierta incertidumbre sobre el futuro político próximo en nuestro país, puesto que el mayor poder de decisión ya habrá sido repartido entre los grupos de congresistas elegidos. Por lo tanto, la elección en segunda vuelta, en realidad, será accesoria.

Inaugurada la legislatura el 28 de julio, los nuevos congresistas comenzarán a blandir el hacha de la vacancia de la presidencia de la República por alguna incapacidad moral alegada y, de este modo, el Perú continuará en el período de inestabilidad que ha caracterizado las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo desde 2016, cuando el grupo fujimorista desenterró esa norma constitucional, que se había reproducido como un parásito desde la Constitución de 1864.

Para evitar esta anomalía, de la Constitución debe ser eliminada la norma sobre la vacancia por incapacidad moral. ¿Por qué el presidente sí puede ser vacado y no los congresistas? ¡Absurdo, no!

Uno de los temas básicos en el existir político de nuestra sociedad es, por eso, ¿cómo reformar la constitución, ya sea cambiándola integralmente o añadiendo, modificando y suprimiendo determinados artículos fundamentales?

Hay mucho que cambiar en la Constitución, en todos sus capítulos: en los campos de la economía, lo social, los derechos humanos, la organización y el funcionamiento de las entidades del Estado, la obligación de los jueces de resolver según la Constitución y las leyes, la seguridad, etc.

Si nos atuviéramos a las reglas de la Constitución vigente, la reforma tendría que hacerla el próximo congreso, lo que es casi imposible o, en el mejor de los casos, insuficiente. La mayor parte de grupos elegidos no querrán ni oír hablar de eso. Los llamados grupos de izquierda no tienen, al parecer, ni idea de los procedimientos para cambiar la Constitución. No se han dado cuenta de que para cambiarla integralmente lo primero a lo que deberían aspirar es a ganar un número determinante de representantes y, si no lo logran, adiós a sus discursos sobre este asunto.

Del examen del panorama político actual, gris y decepcionante, se puede obtener como conclusión que mientras una ideología coherente e históricamente necesaria, asociada al poder de la voluntad (the will to power), no defina los grandes objetivos a partir de los cambios cuantitativos en nuestra sociedad, generados por la evolución de la estructura y sus superestructuras, y hasta que una corriente de opinión la impulse, nuestra sociedad seguirá desenvolviéndose a paso de tortuga, muy lentamente apegada a sus carencias, injusticias, corrupción y arbitrariedades. Es axiomático que la existencia de mayorías electorales, conscientes de sus necesidades como clases sociales y liberadas en diverso grado de la alienación, depende de la presencia de grupos intelectuales imbuidos de una ideología y de proyectos favorables a esas mayorías y de que las eduquen y organicen.

El voto el 10 de abril será más de lo mismo, a pesar de la intención de una parte del electorado de conferirle su preferencia a la candidata de izquierda y sus acompañantes, como un acto necesario de lealtad más que de esperanza.