Poder y dependencia alimentaria en el Perú
Las sociedades nativas andinas autogeneraron un sistema de vida dentro del cual, la producción de alimentos era el eje del desarrollo. La geografía determinó gran diversidad ecológica, biológica y genética. 25,000 especies de flora y fauna, 180 plantas alimenticias domesticadas. También, ganadería autóctona.
La seguridad alimentaria estaba garantizada. Nadie pasaba hambre, ni había mendigos. La población era totalmente rural, bien nutrida y saludable. La base de la alimentación y hábitos de consumo eran los granos andinos, tubérculos y raíces. Carne de auquénidos, de cuy y productos hidrobiológicos
Así se llegó hasta el Tahuantinsuyo. Un estado con el más alto desarrollo en el continente. Totalmente independiente, autónomo, autárquico, y soberano. El Tahuantinsuyo era nuestra patria.
A partir de 1532, llegó la fatalidad con la conquista y el colonialismo. Perdimos patria, autonomía nacional, autogobierno descentralizado y soberanía alimentaria. El estado incaico fue abolido y su territorio, anexado al imperio español. Se constituyó el virreinato del Perú, anexado al imperio español. Este momento histórico, determinó nuestra dependencia de decisiones extranjeras hasta la actualidad.
El poder virreinal impuso sus formas de vida y de gobierno. Sus hábitos de consumo, cultura, religión, idioma y ordenamiento jurídico. Se inició entonces, un proceso de extranjerización en todos los aspectos, incluyendo el alimentario. Este implante, cambió nuestros hábitos de consumo y la vida nacional. Los alimentos importados para los dominantes, fueron ganando terreno involucrando a toda la sociedad. La incorporación forzada a la vida mundial trajo ventajas y desventajas, para dominantes y dominados.
En 1824, la República del Perú, se constituyó sobre bases coloniales, sostenida por el tributo indígena, y deuda externa, prendando el patrimonio nacional. Los colonialistas pasaron a ser gobernantes republicanos. El país, quedó supeditado a los intereses de los dominantes y a sus preferencias alimentarias. El poder y territorio no fue devuelto a los oriundos. Estos pasaron a ser ignorados.
En 1854, treinta años después de la “independencia”, recién se eliminó el impuesto “por ser indígena” y el estado, compró la libertad de los esclavos que eran propiedad privada. Los amos, hicieron un gran negocio. No se hizo esto por justicia, sino porque el “recurso natural” guano de islas, pasó a ser el sustento fiscal.
El Perú, era un país feudal, gobernado por la aristocracia terrateniente. Pero, la industrialización mundial entró en auge asociando capitales y requería materia prima. Empezó a llegar la “inversión extranjera”. Fue entonces que, las exportaciones de azúcar y algodón se expandieron generando latifundios agroindustriales en la costa, y la formación de una oligarquía terrateniente empresarial que se adueñó de los poderes del estado, de los negocios nacionales y de la patria entera.
La voracidad latifundista, generó rebelión campesina y violencia revolucionaria. Ello, dio lugar a la toma del poder por las FF AA, bajo la conducción del Gral. Juan Velasco en 1968. Su gobierno inició un proceso de cambios estructurales siguiendo un nuevo modelo de estado, nacionalista y autogestionario. Se eliminó la oligarquía, se inició la reforma agraria, se nacionalizaron los recursos mineros y petroleros. Se estatizó la pesca y, se pasó a la sustitución de importaciones para recuperar la autosuficiencia alimentaria, de insumos y suministros para una industria propia.
El poder revolucionario estableció el Ministerio de Alimentación para la seguridad y soberanía alimentaria. Se desarrolló una estrategia para el abastecimiento de trigo a cargo de empresas estatales y se otorgó precio de garantía a los productores de trigo para ampliar la producción. Se creó la variedad “Participación” de excelente calidad panadera, superior a la importada.
Pero ese proceso se frustró al ser depuesto el Gral. Velasco, volviéndose al régimen tradicional de gobierno y a la “democracia testaférrea” del poder económico.
Desde 1990, el sistema de economía neoliberal capturó el poder en el Perú e implantó sus reglas, para lo cual se cambió la Constitución en 1993, a conveniencia de oligopolios nacionales y extranjeros. El slogan de la “competitividad”, invadió todos los sectores, para que peces grandes se coman a los chicos. Cadenas de supermercados, de farmacias, servicios, prensa, finanzas y otros oligopolios, se adueñaron del mercado peruano. Surgieron grandes grupos de poder corporativo.
A los agricultores peruanos, incluyendo trigueros, se les cortó el precio de garantía que les daba seguridad para invertir. La producción nacional fue saboteada para impedir que compita con lo importado, subsidiado en el país de origen. El neoliberalismo lo exoneró del pago de aranceles. La “competitividad” fraudulenta es competencia desleal.
Nuestro trigo es integral y de mejor calidad, pero para pan se utiliza harina refinada blanca de trigo transgénico, que necesita bromato, amilasa y otros componentes no saludables. Anulada la producción nacional, frente al trigo transgénico que tiene costos menores, ahora solo cubre el 8% de la demanda, pero solo para uso gastronómico. Los granos andinos son más nutritivos, pero son segregados.
Con el neoliberalismo, hubo récord histórico, en importaciones agrarias, mayormente alimentarias, (6,379.2 millones de divisas, según ADEX). En plena pandemia se importó más de 2 millones de toneladas de trigo.
La principal empresa importadora de productos agrarios en el 2021 fue Alicorp, con adquisiciones por US$ 584’000,000 (+36.4%). Los US$ 4’650,000 que otorgó el grupo Romero, para la campaña política de Keiko Fujimori fue para asegurar el tráfico alimentario de alta rentabilidad.
La seguridad alimentaria es una responsabilidad de gobierno. No es un problema de fertilizantes. Tampoco es responsabilidad única del ministerio de agricultura cuya función es productiva y no de consumo. Tampoco lo es, del sector pesquero, ni del sector industrial que procesa los alimentos. El ministerio de salud atiende la desnutrición sin ser el causante. Todos los organismos estatales actúan por separado, pues no hay una política alimentaria de estado, ni una administración responsable de la alimentación peruana.
La seguridad alimentaria no es solo cantidad suficiente, sino también, calidad nutritiva, sanidad y distribución equitativa. De por medio está, el desarrollo biológico y mental de generaciones de peruanos del futuro que, tendrán a su cargo los destinos nacionales.
El Perú, tiene capacidad para ser potencia mundial en producción de alimentos y tener los mejores estándares nutricionales de su población, pero no tiene un manejo estratégico de sus recursos alimentarios, porque eso, es lo que conviene a los dominantes.
El 3 de octubre del 2021, el Jefe de estado, anunció el inicio de una II Reforma Agraria, sin afectar latifundios. Entre sus lineamientos, estableció la “implementación de acciones contra los abusos de mercado, el dumping y la competencia desleal de las importaciones de alimento”. Pero esta seuda “reforma” no tiene ley ni presupuesto.
En marzo pasado, el gobierno decretó estado de “emergencia agraria por 120 días”, ante la amenaza a la seguridad alimentaria, debido a la situación de quiebra y descapitalización de agricultores, causada por la pandemia y carestía de fertilizantes. Tampoco el plan de emergencia tiene presupuesto, y ya agotó el 50% del plazo, sin haber empezado.
En cambio, las poderosas empresas de transporte de carga nacional e internacional, han obtenido la exoneración del impuesto selectivo a los combustibles, de efecto inmediato. También las grandes empresas comercializadoras de alimentos básicos han sido exoneradas del IGV. Todo esto, a un costo de S/3.600 millones hasta diciembre.
Tras múltiples ajetreos ante el poder neoliberal del MEF, se obtuvo una asignación de S/. 348’887,735 (10% del costo de exoneraciones empresariales) para la compra de 70 mil toneladas de fertilizante urea. Pero ya pasó la época de fertilización y en junio terminan las cosechas. La urea que importe el gobierno podría ser para la próxima campaña 22/23 que, empieza en agosto, siempre que haya rapidez y eficiencia.
Entre los diversos cultivos comerciales, en arroz hay gran cantidad de pequeños y medianos agricultores. Se suele cultivar poco más de 400 mil has. Se aplica media tonelada por hectárea, y similar cantidad de fosfato di-amónico y un poco de sulfato de potasio. La urea que consiga el estado cubriría 140 mil has. (30% del área arrocera). Pero, dicha urea es también, para papa, maíz, café, granos andinos, etc. Entonces será inefectivo y no gravitará en la seguridad alimentaria, aunque la donen.
La burocracia es lenta y carece de experiencia comercial especializada e infraestructura logística para este evento ocasional. El costo final será oneroso. Los precios internos de fertilizantes, dependen de los precios en el mercado internacional y la cotización recibida por el estado, de empresa rusa o boliviana ha sido la misma.
Se precisa definir un proyecto nacional de seguridad alimentaria, con su respectiva estrategia y planificación. Debería ser materia constitucional.
Incluir en la estrategia, aspectos productivos, comerciales, distributivos, sanitarios, equidad y manejo equilibrado de importaciones y exportaciones alimentarias. Es imposible la seguridad alimentaria si no hay rentabilidad agraria. La política alimentaria de estado, cualquiera sea el gobierno de turno, deberá estar encuadrada en esos lineamientos.
Para un plan de emergencia, hay cultivos y crianzas de muy corto plazo en cualquier época del año. Hortalizas, frutales arbustivos, coca, productos marinos, fluviales y lacustres, crianza de animales menores, apicultura, y otros. El alto costo de productos avícolas puede ser contrarrestado con abundante pesca reduciendo la exportación de harina de pescado.
El Perú cuenta con capacidad instalada poco utilizada en las fuerzas armadas. La naval tiene capacidad para proveer de productos marinos en gran cantidad. Podríamos retomar la producción de pescado seco salado que se vendía en todas las bodeguitas del país y mucho más.