Mensaje anual del presidente: claro y objetivo

Por el art. 118º-7 de la Constitución, al Presidente de la República le corresponde dirigir un mensaje al Congreso al instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Es el mensaje del 28 de Julio. Este mensaje debe contener “la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el Presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso”.

En suma, por este mensaje, el Presidente de la República informa al Congreso y a la ciudadanía sobre su gestión como jefe del Poder Ejecutivo.

Y es lo que hizo el 28 de Julio.

Comenzó recordando que “Hace trescientos sesenta y cinco días, en este mismo recinto, se iniciaba mi mandato nacido de las urnas electorales y, al mismo tiempo, también se celebraba los doscientos años de nuestra independencia. Pero, si tenemos que hablar con la verdad, fue una independencia que hasta el día de hoy gran parte de las peruanas y peruanos la siguen esperando. A pesar de recibir un país que emerge de la tormenta de la pandemia del Covid-19 con más de 230 mil peruanos fallecidos; y del disgusto de quienes se creen dueños del país, seguimos avanzando con los peruanos y peruanas que depositaron su confianza para que el Perú deba cambiar. […] En este período en el que no hemos tenido un solo minuto de tregua, vengo a informarles lo que hemos hecho y anunciarles lo que haremos. No importa que quienes deberían también informar, hayan ocultado e ignoren nuestros logros y se dediquen a difamar y mentir, acusándonos sin ninguna prueba y exigiéndonos, en una perversa inversión de los principios elementales del Derecho, que probemos nuestra inocencia.”

Al escuchar esto, la ira comenzó a subir en los grupos de la

derecha recalcitrante en el Congreso, como leche en transe de hervir.

Pero, Pedro Castillo continuó su mensaje, sereno: “Resulta inexplicable –dijo– el temor y el miedo de los grandes poderes políticos y económicos tradicionales a los cambios que se necesitan. Somos un país que se fundamenta en el principio constitucional de la igualdad de todos y todas ante la ley y

dentro de la ley, por lo que no se puede permitir privilegios que contradigan este principio.”

Fue inaudito para la ultraderecha, y el chubasco de imprecaciones siguió incubándose.

Pedro, no obstante, prosiguió con calma y sin ir a la confrontación que buscaban los otros: “en este segundo año no voy a poner la otra mejilla –afirmó–; sino extenderles la mano para trabajar juntos en beneficio del pueblo. […] Se ha ocultado lo que hemos hecho en estos doce meses, como hoy lo voy a pasar a demostrar. Vamos a seguir trabajando y haciendo patria para que todos los peruanos y peruanas vivamos en una sociedad más justa y digna, para eliminar la pobreza, el hambre y la injusticia, para que nuestros hijos e hijas no continúen viviendo en un país tan dramáticamente desigual.”

El resto del discurso fue un informe objetivo de las realizaciones del Poder Ejecutivo en el año transcurrido, con cierta preferencia para las provincias tradicionalmente olvidadas antes por el Estado. Si no se pudo hacer más fue porque el Congreso, que debiera haber dado las leyes que ciudadanía exige, estuvo siempre en contra.

Cuando Pedro Castillo terminó, el chaparrón de gritos en las bancadas de la ultraderecha y de ciertos grupos de aventureros se desencadenó. Un pantallazo de la televisión mostró a los congresistas de esos grupos chillando desaforamente, lo que hizo suponer a muchos que es posible que en sus hogares esos congresistas se comporten del mismo modo. Dos lunares fueron nítidamente distinguibles entre ellos que recordaban a dos personajes de la magnífica serie de TV El último bastión de los hermanos Adrianzén que representaban a dos esclavas de color entregadas en cuerpo y alma a servir y defender a  sus  amos blancos en los tiempos en que San Martín llegó a Lima a independizarnos del yugo hispánico.

Desde esa misma noche los medios del poder empresarial, desbordaron su cólera contra el provinciano que, por la voluntad de la mayoría popular, está en la primera magistratura de la Nación.

Y, al día siguiente, les tocó a los periódicos hacer  su  parte, como si todos ellos fueran los exponentes de la pública opinión. No lo son. Ninguna organización popular tendría los recursos para pagar esos medios de prensa, radio y TV y sus periodistas y opinólogos de alquiler que son, por lo tanto, inversiones de

determinados grupos capitalistas, es decir de minorías demográficamente ínfimas, pero dueñas del poder del dinero, el gran elector de los grupos políticos de la ultraderecha y de los aventureros, actuando sobre millones de ciudadanos  para alienarlos con esa campaña permanente e intensa de desinformación y manipulación.

Ya  no  llama la atención que  ciertos congresistas izquierdistas o que pretenden parecer como tales hayan sucumbido a la contaminación de sus colegas de la ulraderecha. Es posible que en cierto momento se hayan quitado la mascarilla protectora y absorbieron el virus del cabildeo estéril y la deslealtad que los llevó a hermanarse con ellos en el voto conjunto de ciertos proyectos de ley nocivos para la sociedad. ¿Hay alguna vacuna contra eso?

De la obligación del Presidente de la República de exponer en un mensaje anual sus realizaciones, surge una pregunta: ¿por qué los otros poderes del Estado y las instituciones públicas autónomas no hacen otro tanto?

El Congreso de la República y cada uno de los congresistas debieran también informar a la Nación lo que han hecho en el período anual transcurrido para justificar sus enormes sueldos. Cada uno se lleva 23,000 soles mensuales básicos, es decir más de 22 veces la remuneración mínima vital. La sociedad no les paga para entretenerse con dimes y diretes y para calentar sus curules. Del mismo modo, el Poder  Judicial  debería  rendir  cuentas anuales de su desempeño, cuántas demandas y acusaciones ingresaron a los juzgados, cuantas sentencias emitieron los jueces y vocales, y si lo hicieron en los términos fijados por las leyes procesales. La misma regla debería serles aplicable al Tribunal

Constitucional y a los gobiernos regionales y locales.

El pueblo tiene que saber en qué y cómo se gasta su dinero.