El inflado escándalo de las vacunas

Un expresidente, varios ministros y otros funcionarios han sido señalados para ser conducidos a la picota y asarlos allí en un auto de fe con fanfarria y zarabanda general. ¿La acusación? Haberse colocado unas vacunas contra el covid 19. Para ciertos periodistas y políticos: ¡un atrevimiento!, ¡una desvergüenza!, ¡una traición!; ¡un delito!¡ que debe ser drásticamente castigado.

Veamos los hechos.

El sábado 7 de febrero llegaron al Perú 300,000 dosis del primer lote de vacunas contra el coronavirus vendidas por el laboratorio chino Sinofharm. Se programó la vacunación en tres fases, de las cuales la primera a ser aplicada al personal de alto riesgo por hallarse en contacto directo o potencial con personas afectadas por esa pandemia.

–¿El expresidente, los ministros y funcionarios acusados de haberse vacunado tomaron las vacunas de este lote?

­–No.
–¿Cómo?

–Se vacunaron con una pequeña cantidad que la empresa Sinopharm ofreció al gobierno del Perú el 7 de agosto de 2020 (carta publicada por La República el 27 de febrero de 2021) y las entregó gratuitamente a fines de ese mes (1,000 dosis).

Fue un momento en que las vacunas de las empresas y países que las estaban creando las tenían aún en experimentación, y no se sabía entonces si servirían o no. Recién estas vacunas comenzaron a ser autorizadas para su uso y venta en diciembre de 2020. Las de Sinopharm recibieron esa autorización el 31 de diciembre de 2020. Por lo tanto, sólo a partir de esa fecha estas vacunas estuvieron listas para ser usadas, luego que los últimos experimentos confirmaron su eficacia y que no son dañinas.

En setiembre de 2020, el gobierno del Perú no hubiera podido disponer el uso de las vacunas obsequiadas por Sinopharm, salvo como parte de un proceso de experimentación a convenirse. Podían servir o no, ser perjudiciales o no. Las personas que se ofrecieron para ser inoculadas con vacunas experimentales, sabían los riesgos a los que se sometían, e ignoraban si recibían una vacuna cierta o un placebo.

Así las cosas, la inyección de esas vacunas experimentales al expresidente y los ministros y funcionarios no parece tan grave.

De buscarles responsabilidades, a lo más se podría pensar en una falta administrativa, consistente en haberse creado un riesgo personal, riesgo porque hubiera implicado la posibilidad de un efecto dañoso, y por haber utilizado un bien del Estado, por el cual este nada tuvo que pagar y no estaba obligado a emplearlo como parte del proceso de comprobación. Fueron vacunas entregadas como muestras gratis, un poco prematuramente, puesto que la experimentación estaba aún en curso y su venta no había sido autorizada.

Fueron vacunas entregadas como muestras gratis, un poco prematuramente, puesto que la experimentación estaba aún en curso y su venta no había sido autorizada.

Pero ciertos políticos y cierta prensa necesitaban el escandelete. Cuando comenzaron a enterarse de lo sucedido, le hicieron creer al público que el expresidente y los ministros y funcionarios, inyectados en setiembre del 2020, habían tomado las vacunas vendidas por Sinopharm en febrero del 2021, en detrimento de los médicos, enfermeras y otro personal a cargo del tratamiento de los infectados con el covid: una traición, un delito que debía ser severamente sancionado.

Como tenía que ser, este asunto rebotó en el Congreso de la República y algunos representantes, sintiéndose paladines de la legalidad, acusaron al expresidente Martín Vizcarra, a quien habían expulsado de la presidencia de la República sin motivo en noviembre del 2020. ¿De qué lo acusaron? No lo sabían, pero esto no importaba, porque querían también inhabilitarlo como candidato al Congreso en las elecciones de abril próximo. Los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobaron verbalmente el 23 de febrero del 2021 la procedencia de cuatro denuncias, dejando para después la redacción del acta de acusación, sin duda, para llenarla con motivaciones que no fueron votadas.

¿Qué dice la Constitución sobre esto?

El artículo 99º le atribuye a la Comisión Permanente del Congreso acusar ante el pleno de este al expresidente de la República y a otros funcionarios del Estado “por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado”.

Los acomedidos congresistas deberán probar, por lo tanto, que la infracción imputada contraviene tal o cual artículo de la Constitución o que hubo comisión de delito.

Desde ya se les puede decir: 1) que la Constitución no contempla como infracción inyectarse vacunas obsequiadas en proceso de experimentación; y 2) que el delito tiene que estar comprobado, es decir sancionado como tal en última instancia por el poder jurisdiccional; antes de eso no hay delito. (“Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.”, Const., art. 2º-24-e).

Es claro, los congresistas que la tienen contra Vizcarra podrían saltarse a la garrocha la Constitución, amparados en la inmunidad. Y esto es lo lamentable de esta Constitución. El más elemental sentido común hace ver que si los congresistas infringieran la Constitución o las leyes con sus votos cometerían delito. Pero esto debe señalarlo una reforma de la Constitución.

Un efecto inimaginado por los promotores de esta cacería de brujas contra Vizcarra y algunos de sus ministros y funcionarios es el reforzamiento de la noción de igualdad de todos ante la ley, por la cual todo ciudadano tiene derecho a un voto. Ahora muchos comienzan a ver que también tienen derecho a una vacuna que el Estado debe suministrarles, y, prolongando esta convicción, les parecerá también claro que tienen derecho, asimismo, a un trabajo, a servicios de salud y a un ingreso estable. Estamos, evidentemente, ante una contradicción que se resuelve como un impulso hacia adelante en el desarrollo de la conciencia social.