Autorizan a 316 notarías para ejercicio de funciones en contexto de coronavirus
El Consejo del Notariado informó este jueves que, a la fecha, un total de 316 notarías autorizadas a nivel nacional se encuentran en pleno de ejercicio de funciones tras cumplir satisfactoriamente el proceso para la reanudación de sus actividades, el cual involucra, principalmente, efectuar las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del covid-19.
Señaló que esas notarías obtuvieron el visto bueno debido a que se registraron en el plan de vigilancia, prevención y control del covid-19 en el trabajo, ubicado en la plataforma Sicovid-19, el cual se encuentra administrado por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) del Ministerio de Salud (Minsa).
El Consejo del Notariado detalló que las notarías en funciones se encuentran ubicadas en las jurisdicciones de Ancash (18), Arequipa (24), Cajamarca (11), Callao (23), Cusco y Madre de Dios (29), Huancavelica (1), Huánuco y Pasco (21), Ica (28), Junín (18), Lima (78), Moquegua (6), Puno (20), San Martín (22), Tacna (9) y Ucayali (8).
En ese contexto, recordó que el 10 de junio se promulgó la Resolución de la Presidencia del Consejo del Notariado Nº 05-2020-JUS/CN/P, fundamentando el reinicio automático de las actividades notariales en los distritos notariales de La Libertad, Lambayeque, Loreto y Piura – Tumbes, con el objetivo de dinamizar su economía.
Sobre esa línea, indicó que, en dicho documento, se precisó que, previamente, los colegios de notarios de esta cuatro jurisdicciones deben informar al Consejo del Notariado la fecha de inicio de reanudación del servicio de los oficios notariales bajo su competencia.
Asimismo, manifestó que esos cuatro distritos notariales deben cumplir las normas de orden sanitario, incluyendo el registro de su plan de vigilancia, prevención y control del covid-19 en el trabajo, dentro de la plataforma Sicovid-19 del Minsa.
La presidencia del Consejo del Notariado argumenta que sus decisiones en esta materia se basan en que uno de los deberes primordiales del Estado es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrio de la Nación.