El Apra y el fujimorismo defienden al cuestionado contralor Edgar Alarcón
Foto: RPP
El fujimorismo y el Apra, ahora hacen cuerpo y defienden al cuestionado contralor Edgar Alarcón, quien fue denunciado por un auditor ante el Congreso por presuntamente haber hecho negocios de compra y venta de vehículos cuando ejercía el cargo de vicecontralor, operación prohibida por ley para el cargo que desempeñaba.
Según el programa de TV Cuarto Poder, el contralor Edgar Alarcón, entre los años 2002 y 2015 adquirió más de 90 vehículos de distintas marcas. Mientras que en los años 2013 y 2015 adquirió 9 vehículos por un valor de 182.550 dólares.
Sin embargo, esta denuncia no tendría relevancia para el vocero de Fuerza Popular Luis Galarreta, al indicar que la denuncia periodística no es suficiente como para pedir la renuncia del contralor, ya que en su opinión no habría sufriente prueba.
«Si se tendría que hacer una destitución, primero tiene que haber un procedimiento. (…) Acá tiene que haber pruebas, las cosas tienen que investigarse», declaró el fujimorista a la prensa.
Adelantó que, tal como lo anunció en la víspera la presidenta del Congreso Luz Salgado, la denuncia será vista por la Comisión Permanente para que evalúe si se deriva al grupo parlamentario de Fiscalización o el Ministerio Público.
Por su parte, el parlamentario del Partido Aprista Mauricio Mulder, acusó al Gobierno de ser el responsable de que estén saliendo a la luz cuestionamientos en contra del contralor Edgar Alarcón.
«Es evidente que alguien tenía toda esa información y la tenía guardada esperando el informe de Chinchero. Si la auditoría de la Contraloría hubiera sido medianamente favorable, ¿sabríamos sobre este tipo de denuncias contra el contralor? Probablemente no», dijo Mulder en declaraciones a los medios de comunicación.
De esta manera, el fujimorismo y el Apra se pronunció sobre los cuestionamientos contra el contralor Edgar Alarcón, quien trató de ocular información vinculada en su contra, respecto a la compra y venta de lujosos vehículos, que como alto funcionario de la Contraloría estaba prohibido por ley en realizar ese tipo de negocios.