Amazonía territorio de rapiña

Vivimos tiempos decepcionantes en el ámbito nacional e internacional. El engaño y la ambigüedad predominan. La cumbre mundial sobre el cambio climático ha terminado en fracaso, por esta predominancia, con la anuencia de nuestra representación y tendremos que sufrir las consecuencias. Por eso, cuando un tribunal peruano le dice no, a un depredador de la Amazonía, nos da un poco de aliento. Este es el caso:

Años atrás, mientras la prensa comercial peruana se hacía la desentendida, una periodista extranjera Yvette Sierra Praeli de Mongabay Latam, difundía una nota sobre la devastadora deforestación en la selva loretana que un fiscal investigaba. La depredadora Tamshi SAC la denunció penalmente por difamar y dañar su imagen. Pero el pasado lunes 8 del presente, la Cuarta Sala Penal de Lima falló desestimando la denuncia. Un fallo que enaltece la justicia peruana. ¿De dónde proviene todo?

En este siglo, el gobierno más vende patria, ha sido el del partido “nacionalista”. Lo dicen las estadísticas de las concesiones a inversionistas extranjeros. Actualmente hay garantías para el continuismo, porque las directivas de gobierno son muy similares. Esta mentalidad de culto a la inversión extrajera, fue aprovechada por Dennis Melka, ciudadano checo estadounidense, que antes había especulado con la empresa Asian Plantations para producir aceite de palma a gran escala, y se estableció en Perú con la misma intención ampliando su rubro con cacao.

En el 2013. estuvo primero en Pucallpa con su empresa United Cacao, pero fue denunciado por sus delincuenciales prácticas depredadoras. Salió del lugar y se mudó a Iquitos con la empresa de nombre “Cacao del Norte”. Ubicó un lugar en Tamshiyacu donde había gran capital biológico, especialmente maderas de exportación. Aunque era bosque primario se las ingenió para adueñarse de unas 3,000 has. Su empresa pasó a llamarse Tamshi SAC, y con ese nombre nativo procedió a talar ilegalmente, recurriendo a métodos vedados, siendo denunciado de haber deforestado 2,000 hectáreas de bosques primarios.

Pese a todas las leguleyadas del estudio de abogados Payet, Rey, Cauvi, Pérez, y su influencia política; en julio de 2019, tres funcionarios de la empresa Tamshi SAC, fueron sentenciados a cuatro y ocho años de prisión. Se sancionó a la empresa con 15 millones de soles como pago de reparación civil. En este juicio, fiscal Alberto Yusen Caraza jugó un importantísimo rol al demostrar que en Tamshiyacu se produjo la extensa tala ilegal con daños ecológicos, cometiendo delitos diversos.

Pero nuestra selva está plagada de inversionistas depredadores y constantemente las poblaciones nativas sufren el despojo de sus propiedades, y son reprimidos por reclamar. Muchos defensores de la propiedad comunal han sido asesinados ante la indiferencia gubernamental y ciudadana. Por eso, indigna que la actual administración estatal, en vez de atacar al gobierno de Nicaragua, sin que este, nos haya atacado, no tenga ojos para la región de la selva, ni defienda a las comunidades nativas.

Según el portal de “Ojo Público”, “desde el 2013, las exportaciones de la palma en el Perú crecieron en 94%. El auge ha ido de la mano con conflictos sociales en zonas de cultivo, denuncias por deforestación de la Amazonía y tráfico de tierras. El Grupo Romero concentra la mayor parte de la industria, pero aún no puede garantizar en su cadena de suministros el uso total de palma que no provenga de bosques destruidos”.

En estos días, una veintena de dirigentes de las federaciones indígenas de Loreto, en un esfuerzo desesperado han tenido que viajar a Lima, solicitando una reunión con la premier y el presidente Castilo, para resolver los problemas ya planteados con anterioridad, que sufren las comunidades nativas por las concesiones petroleras y están pendientes de solución. ¿Por qué los afectados tienen que hacer este viaje lejano al no ser escuchados? ¿No es esto, un abuso?

El primero de setiembre se cumplió seis años del asesinato del dirigente ashaninka Edwin Chota y sus compañeros, que luchaban contra la invasión de taladores ilegales en la comunidad de Saweto, en la región Ucayali. Hace más de un año que se espera la sentencia del Tribunal Constitucional para el caso de la comunidad Santa Clara de Uchunya contra el consorcio Ocho Sur P S.A.C., una empresa de palma aceitera que invadió y deforestó el territorio de la comunidad en esta misma región. Pero así, está toda la selva de frontera a frontera.

Esta región tiene 78 millones has. La mayor parte está ya concesionada a la inversión extranjera, atropellando los derechos de la población nativa. 47 millones de hectáreas están concesionadas a las empresas de hidrocarburos. Y se sigue ofreciendo nuestros recursos naturales a los gringos inversionistas. ¿Pero hasta cuándo se va a permitir tan cruel abuso como en los tiempos de la conquista española? El despojo de la heredad nativa continúa en pleno siglo XXI.

Todo esto hace quedar mal no solo al gobierno actual, sino también a toda la izquierda, pues los principales partidos están comprometidos en el cogobierno. Da la impresión de que la izquierda no tiene recursos humanos de calidad y sensibilidad requerida para los cargos públicos. Los desaciertos en las designaciones, y malos enfoques de gobierno, son persistentes. Toda gestión gubernamental se juzga por sus resultados y no por los anuncios engañosos. Es preciso corregir esta práctica. Arrojar limosna a los pobres en forma de bonos es humillante, lejos de ser solución. Esto no va con nuestros preceptos científicos.

Por eso, resulta deshonroso que los extraños se preocupen más que nosotros sobre nuestra Amazonía. En la cumbre por el cambio climático -COP26, en Glasgow (R. Unido), se lanzó la voz de alarma advirtiendo que la Amazonía está en «código rojo» y solo frenando su devastación se evitará que llegue a un punto «catastrófico» de no retorno, en los próximos años. La notificación provino del Panel Científico de la Amazonía (SPA, en sus siglas en inglés), compuesto por más de 200 expertos de todo el mundo, presentando los resultados de una evaluación integral realizada al respecto.

Hay pues motivos sustentables valederos para declarar en estado de emergencia la región de la selva y reivindicar a la población nativa, reordenando todo lo mal que se ha hecho y así, cortar todos los vicios de la corrupción, depredación, deforestación, narcotráfico, etc. Es más coherente que llamar a las fuerzas armadas para militarizar la seguridad ciudadana, actuando contra el producto social engendrado por el mismo sistema imperante. No se actúa sobre los insumos, sino contra el resultado final de la inequidad económica, social, política, cultural, jurídica, laboral, etc.

Con solo defender a nuestra amazonía y los derechos de la población nativa, el gobierno actual podría pasar a la historia, haciendo lo que nadie ha hecho por la justicia social en este ámbito. Puede hacer mucho sin estar supeditado al apoyo parlamentario. Solo necesita visión estratégica y personalidad gubernativa de afrontar con coraje lo que se propone. La claudicación es el camino de los cobardes.

Soy consciente que opinar de este modo me expone a odios ajenos, pero peor es callar, porque el que calla, otorga. Es tiempo de que las poblaciones amazónicas se unan en una confederación en defensa de sus intereses. En un congreso nacional de comunidades nativas sin injerencias ajenas se debería generar la institucionalidad que se requiere para estar en condiciones de hacer prevalecer sus derechos. No hay otra manera de parar el latrocinio amazónico si las autoridades no escuchan el clamor del pueblo amazónico. Es urgente forjar poder popular para contrarrestar el poder de los depredadores.

Por mi parte, estoy dispuesto a colaborar en la organización, como lo he hecho con el Congreso Unitario Nacional Agrario- CUNA, con más de dos mil delegados plenos, acreditando su condición de productores agrarios para evitar injerencias ajenas. O quizá usted amigo, tenga un mejor planteamiento. Dígalo. El gobierno necesita ayuda, pero más lo necesita el sufrido pueblo del llano. Ojalá juntemos esfuerzos por un mundo mejor.