Murieron 33 personas y no pasa nada con las investigaciones por caso “Baguazo”
Foto: Canal N
El 5 de junio del 2009, el gobierno de Alan García Pérez, dispuso la violenta incursión policial para desalojar a más dos mil indígenas awajún que mantenían tomada por 53 días, la “Curva del Diablo” en el distrito de El Milagro de la provincia Utcubamba, teniendo como saldo la muerte de 23 policías, 10 indígenas y la desaparición de un efectivo policial.
Han pasado 8 años de esos luctuosos hechos, en que el sistema de justicia peruano actúa lerdamente, sin que a la fecha haya identificado a los responsables de esa sangrienta masacre, ordenada desde el Ministerio del Interior con el propósito de restablecer el orden público, sin medir las consecuencias.
De hecho que la responsabilidad recae, al que en ese entonces fue presidente Alan García Pérez, que a pesar del rechazo de los nativos de la Amazonía peruana, el gobierno aprista impuso la “Ley de la Selva” para promover la inversión privada.
Según el expresidente la Comisión de Investigación del Congreso sobre los hechos de Bagua, Guido Lombardi, las órdenes de intervención en la Curva del Diablo, se dio justo cuando los indígenas coordinaban para retornar a sus comunidades, tras 45 días de negociaciones del general PNP Luis Uribe Altamirano.
Lombardi se reafirma en que Mercedes Cabanillas, ministra del Interior del gobierno aprista, lo hizo todo mal, al haber dispuesto la orden de intervención violenta contra los nativos awajún.
“Intervino cuando era posible lograr el retiro voluntario (de los indígenas). Intervino en la Curva del Diablo sin tomar la más mínima precaución respecto de 36 guardias civiles que estaban en la Estación 6 con la excusa de que ya había salido publicado en El Peruano que las Fuerzas Armadas tenían la obligación de apoyar”, indicó en entrevista al diario La República.
Es obvio que la ex ministra Mercedes Cabanillas, pueda hacer una mea culpa por sus erróneas decisiones, al señalar que no dio ninguna orden para desalojar a los indígenas, y que este hecho ha sido corroborado por dos investigaciones fiscales.
Es difícil entender para los familiares de los 23 policías y un agente desaparecido, que a la fecha no haya responsables sobre la muerte de sus seres queridos, en la Curva del Diablo y en la Estación 6.
Ellos presentaron dos denuncias en contra del ex presidente Alan García y de la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas. Las dos fueron archivadas, la primera en el año 2010 y la segunda acaba de ocurrir en mayo último.
Flor Vásquez, viuda del comandante PNP Miguel Antonio Montenegro Castillo, refiere que cuando fue a la 48 Fiscalía Penal de Lima para consultar sobre el avance del caso se encontró con que la demanda había sido archivada.
Por otro lado, la situación de los indígenas ha empeorado, la población indígena de la Amazonía peruano siguen olvidados a su suerte, el Estado no les brinda las herramientas necesarias como para salir de la miseria, peor la desprotección de sus territorios han empeorado.
Marco Huaco Palomino, asesor principal de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, refiere las reformas normativas que flexibilizaron y facilitaron el acceso a las tierras de los pueblos nativos especialmente a las no tituladas a favor de proyectos de inversión pública y privada, sin la consideración de la Ley de Consulta Previa.