Gobierno contratará abogados para acelerar extradición de Alejandro Toledo
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Al ser puesto en evidencia que el ex presidente Alejandro Toledo, quien transita libremente en los Estados Unidos, pese a tener en su contra una orden de captura nacional e internacional vigente, el gobierno peruano contratará abogados en el país norteamericano para agilizar el proceso de extradición del líder del desaparecido partido Perú Posible.
La ministra de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello, adelantó que el Poder Ejecutivo está dando todos los recursos y la logística necesaria para lograr que el expresidente Alejandro Toledo responda ante la justicia peruana.
«Nosotros ya hemos evaluado la posibilidad de contratar abogados, ya tenemos los tres nombres que le vamos a proponer al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, podemos acreditar un abogado como Estado”, señaló en entrevista a Canal N.
Asimismo, Marisol Pérez Tello, dijo que el Ejecutivo está apoyando todas las gestiones relativas al traslado de información y coordinación con el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, facilitando los canales a través de Cancillería.
Entretanto, Alejandro Toledo, en declaraciones a la cadena internacional BBC en Nueva York, dijo que volverá al Perú, pero no precisó la fecha de retorno al suelo peruano, al indicar que él no es fugitivo.
“Estoy diciendo que voy a ir, que mis huesos quedarán en Perú”, señaló y a la repregunta ¿Cuándo?. “Cuando sea. Yo tengo una responsabilidad. Tengo 45 años en la Universidad de Stanford… En el mundo”, respondió.
En otro pasaje de la entrevista, respondió “Yo no me he escapado de mi país, quiero que usted sepa. Se acabó. Y no le voy a responder nada más», fue su respuesta a las preguntas incisivas del periodista Gerardo Lissardy, luego le cortó la conversación.
El ex jefe de estado Alejandro Toledo, es investigado por los presuntos actos de corrupción durante su gobierno (2001-2006), por los casos Ecoteva y por presuntamente haber recibido 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, para adjudicarle la construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur.