Maduro extiende funciones de comisión que investiga delitos cometidos en protestas
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amplió las funciones de la comisión que investiga los delitos registrados en las protestas opositoras que iniciaron el pasado 4 de abril, informó la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, quien preside la delegación.
«Presidente Nicolás Maduro ha extendido funciones de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz para atender la violencia política en 2017 (…) nada ni nadie podrá detener la verdad sobre los delitos de odio cometidos por los factores políticos opositores violentos y extremos», expresó la canciller en su cuenta de la red social Twitter sin dar más detalles.
Pdte @NicolasMaduro ha extendido funciones de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz para atender la violencia política en 2017
— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) May 24, 2017
Nada ni nadie podrá detener la verdad sobre los delitos de odio cometidos x los factores políticos opositores violentos y extremos
— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) May 24, 2017
La comisión, aseguró Rodríguez, establecerá la verdad caso por caso, «sin manipulaciones ni arbitrariedades».
En tal sentido, indicó que el informe final que realicen los delegados se entregará a la Asamblea Constituyente.
Estas declaraciones se producen luego de una rueda de prensa que ofreció más temprano el miércoles la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien reveló que se han cometido más 500 violaciones a los derechos fundamentales por parte de los cuerpos de seguridad desde que iniciaron las protestas.
Además, confirmó que el estudiante Juan Pernalete, quien murió durante una manifestación en Caracas el pasado 26 de abril, falleció a consecuencia del impacto de una bomba lacrimógena disparada a corta distancia por un efectivo de la Guardia Nacional.
Esta versión desmiente lo afirmado por algunos voceros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y por la canciller Rodríguez, quien manifestó que era falso que un guardia nacional fuese el responsable de la muerte de este joven.
El Gobierno de Maduro considera que la oposición venezolana lleva adelante una «insurgencia armada», y por tanto el Estado tiene derecho a defenderse a través de medios legales.
Caracas asegura que las fuerzas de seguridad han respondido con un uso «legal, proporcionado y diferenciado» de la fuerza para la «contención física» de los manifestantes, y subraya que jamás se ha autorizado el uso de armas de fuego contra ellos.
El Gobierno venezolano responsabiliza a la oposición por las muertes que se han producido desde que comenzó la última serie de protestas callejeras en abril, que han dejado 55 muertos, 52 de ellos civiles y alrededor de mil personas heridas.