¡Sorpresa! Informe de Contraloría es un instrumento político del fujimorismo
Foto: Perú 21
El informe del contralor Edgar Alarcón, respecto la adenda del contrato del Aeropuerto Internacional de Chichero viene generando una serie cuestionamientos por parte del Ejecutivo, incluso advirtieron que el documento de la Contraloría respondería solamente a intereses mediáticos y políticos del fujimorismo.
Se ha puesto en discusión que el informe muestra contradicciones en sus recomendaciones, al sugerir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones regrese a las condiciones iniciales del contrato suscritos con el consorcio Kuntur Wasi, documento que ya fue observado por la propia Contraloría en el 2014, en el que no se fijaba un plazo para cierre financiero ni un tope para la tasa de endeudamiento del acreedor.
Según el diario La República, en setiembre y octubre del 2016, la Contraloría realizó un control simultáneo en el cual advirtió riesgos y planteó sugerencias para el trámite de endeudamiento garantizado permitido. También propuso negociar la tasa de endeudamiento para buscar un mejor resultado que lo propuesto por el concesionario.
Pese a esas advertencias, en febrero de este año, se procedió con la firma de la cuestionada adenda para financiar directamente el proyecto con US$ 265 millones y evitar así el pago de un oneroso crédito que solo en intereses era de US$ 590 millones.
A esto resultan contraproducente los alcances de la Contraloría al sugerir volver al contrato observado por la propia entidad rectora del Sistema Nacional de Control, encargada de supervisar, vigilar y verificar la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado.
Según la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, incluida en la lista de acusados por firmar la adenda a nombre del MTC, calificó de burla el informe de la Contraloría.
“Hay claras contradicciones en el informe respecto a sus conclusiones. Nos piden regresar al contrato original, que como toda la opinión pública conoce, ha sido deficiente”, manifestó en entrevista a Canal N.
Entretanto, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovín, consideró que el informe de la Contraloría tiene serias deficiencias, mientras que la titular de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, expresó su disconformidad respecto a las conclusiones del órgano de control.
Por su parte, Juan Sheput, fue más frontal con sus críticas contra el informe, al considerar a la Contraloría en un instrumento político de la oposición, igual como en los años 90, que se puso a disposición del fujimorismo y carece de un sustento jurídico.