Graña y Montero y plantas de tratamiento en Puno

Graña y Montero es –como se sabe- un grupo de más de una veintena de empresas dedicadas, básicamente, a las actividades de ingeniería y construcción infraestructural, cuyo campo de acción llegó a desbordar los lindes nacionales.

Fue en ejercicio de esa su misión empresarial que se posicionó como entidad proponente ante el organismo público PROINVERSIÓN para construir –bajo el sistema de Iniciativa Público Privada- una decena de plantas de tratamiento de aguas residuales en diversas ciudades del departamento de Puno; aguas que vienen contaminando el Lago Titicaca, lo cual constituye uno de los principales problemas de la realidad puneña actual.

El proceso para hacer realidad el proyecto de saneamiento dirigido a preservar la vida acuática y la pureza de los cuerpos de agua del inmenso lago, lleva ya algunos años, en los que Graña y Montero de consuno con las entidades públicas involucradas (Ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Ministerio de Economía y Finanzas, Proinversión; y, Municipalidades Provinciales comprendidas en dicho proyecto) son actores de una compleja tramitología de corsi y ricorsi, que no tiene cuándo acabar so capa de empeñarse en cumplir estrictamente la normatividad aplicable a dicho proceso.

En el decurso de esos afanes burocráticos, cobró fuerza explosiva el tan sonado caso de los sobornos a los más altos dirigentes estatales a lo largo de varios gobiernos, por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Si bien al principio solo esta entidad concentraba el análisis crítico y la especulación noticiosa, poco a poco en el desarrollo investigativo e informático apareció el Grupo Graña y Montero (consorciado con los brasileños en varios megaproyectos) como coludido en las malas prácticas de los Odebrecht padre e hijo, Barata y secuaces menores.

No les valió “hacerse el muertito”, y proclamar inocencia cada vez más dudosa. Frente a los señalamientos, dijeron en su defensa: “hemos sido engañados”, “no sabíamos que se daban coimas”. Pero Jorge Barata hombre fuerte de Odebrfecht, en aplicación de la delación premiada que ha permitido descubrimientos de escándalo, aclaró con contundencia que, aunque los pagos los hacía solo esa empresa, las consorciadas (Graña y Montero entre ellas) si tenían conocimiento de las acciones de coima, trayendo a colación como ejemplo, los sobornos a Alejandro Toledo para beneficiarse con la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica. Luego, si conocían, se infiere que tuvieron que aportar en alguna forma a la bolsa corruptora.

A estas alturas, en el contexto global de los datos e informaciones sobre la corrupción virtualmente generalizada en las alturas del poder político peruano, ya nadie duda que el grupo Graña y Montero es actor concurrente a las prácticas inmorales que el pueblo peruano censura y rechaza.

La Procuraduría ad hoc que ve los casos de corrupción de las firmas brasileñas, ha solicitado que José Graña Miro Quesada, ex Presidente del directorio sea incluido en esas investigaciones por las irregularidades en la construcción de la línea 1 del Metro de Lima; el fiscal anticorrupción encarado del caso de la licitación del gasoducto del sur ha resuelto incluir al grupo Graña y Montero en sus investigaciones.; y, el Contralor de la República, denunció penalmente a funcionarios, y exfuncionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo y de Alan García, así como a tres ejecutivos de la referida empresa brasilera y sus socios Graña y Montero, por concertar acciones de defraudación en el contrato del tramo vial Urcos-Inambari Tramo 2 Perú – Brasil, de la Carretera Interoceánica Sur.

Tomando en debida cuenta todo lo anterior, ¿Es moral y administrativamente procedente que Graña y Montero continúe como protagonista en el proyecto de Plantas de Tratamiento en Puno? Es obvio que no. Pero los alcaldes provinciales de la región puneña, que ya debieron solicitar la exclusión de ese grupo en dicho proyecto y en consecuencia plantear las alternativas más idóneas para encarar el álgido y tan postergado problema de la contaminación del Titicaca, no han emitido el pronunciamiento conjunto que se espera. Salvo que estemos equivocados, los alcaldes hacen mutis en todos los idiomas.  ¿Hasta cuándo?