Contraloría halla irregularidades en la firma de adenda del aeropuerto de Chincheros
La Contraloría General de la República, puso en evidencia múltiples irregularidades en la firma de la adenda del aeropuerto de Chinchero de Cusco, lo que conllevaría a que se anule el contrato o en su efecto se haga la renegociación de un nuevo acuerdo con el consorcio Kuntur Wasi.
De acuerdo a las investigaciones del órgano de control, la firma de adenda de Chincheros ha generado un perjuicio económico de 529 millones de dólares al Estado, debido a que se ha desnaturalizado los componentes de la concesión hecha bajo la modalidad de asociación público privada (APP.
Hay once funcionarios comprometidos en las negociaciones bajo la mesa, la lista la encabeza la viceministra de Transportes Fiorella Molinelli, quien estampó su rúbrica en la cuestionada adenda e hizo movidas estratégicas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Según el semanario Hildebrandt en su Trece, Molinelli promovió a su exsocio, Alfredo Dammert, en el puesto estratégico de director del Ositrán. Dammert fue el miembro del organismo regulador que inclinó la balanza en favor de la adenda, pese a la oposición de la presidenta de Ositrán, Patricia Benavente, quien renunció al cargo semanas después.
La Contraloría ha revisado minuciosamente las actas del Consejo Directivo de Ositrán, del 18 de enero del 2017, y corroboró el entusiasmo de Dammert para que se firme el cuestionado documento.
En ese entonces Benavente advirtió a los directores de Ositrán del riesgo que significaba para el Estado firmar la adenda de Chinchero. Pese a ello, se llevó a cabo la firma de la adenda con el argumento que ante un proyecto de gran importancia habría que ser flexibles.
La adenda fue aprobada con los votos de Alfredo Dammert y de Antonio Balbuena, quien también es hoy escudriñado por la Contraloría. La Contraloría tiene en su poder una serie de correos electrónicos que revelan que los dos funcionarios, Dammert y Balbuena, pretendieron alterar y borrar sus argumentaciones de las actas de Ositrán en favor de la adenda.
Un cuarto funcionario en la lista de la Contraloría es Yaco Rosas Moreno, jefe de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Quien actuó como coordinador principal de todo el proceso de negociación de la adenda, el que tramitó la solicitud de Kuntur Wasi.
En el informe de Contraloría, también se encuentra Carmelo Zaire Rojas, asesor principal del MTC, la jefa de Asesoría Legal, Nancy Zedano Martínez, quien estampó su rúbrica en las 21 páginas de la adenda, con lo cual dio su aval jurídico a la obra.
Dentro del plan de la adenda, figuran funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, como el caso de Camilo Carrillo Purín y Karin Granda Sánchez, jefe y subjefe de la Dirección General de Política para la Promoción de la Inversión Privada, respectivamente.
Ellos dieron la viabilidad financiera al proyecto Chinchero, el gobierno pudo finalmente refrendar la adenda. Además la red estaba integrada por otros tres funcionarios de menor rango como Carlos Puga Pomadera, Gonzalo Ruiz Díaz y Evelyn Aliaga Vizcarra.
Los tres funcionarios eran miembros del Comité de ProInversión que se encargaron del proceso de licitación y elaboraron el documento de contrato. Es decir, todo estaba planeado para la suscripción de la adenda para favorecer al consorcio Kuntur Wasi.
La adenda del aeropuerto de Chinchero de Cusco, estaba plagada de una serie de irregularidades que se advirtieron en su momento, pero el proceso continuo con el único fin de satisfacer intereses particulares, contraviniendo los intereses económicos del Estado.