Dia de la Reforma Agraria: ¿cómo frenar la expansión latifundista?
Los europeos que conquistaron el Tahuantinsuyo, se apropiaron de su territorio y despojaron a la población nativa de sus mejores tierras de cultivo. Los independentistas, descendientes de colonialistas, lograron que los virreinatos sean repúblicas independientes. Pero los llamados “libertadores”, no liberaron a los oriundos, no les devolvieron su patria, ni sus tierras. Solo después de 145 años de república, la Reforma Agraria, expropió a los latifundistas usurpadores y devolvió dichas tierras.
Fue el 24 de junio de 1969 en que, el gobierno del Gral. Juan Velasco Alvarado, promulgó la ley de reforma agraria y estableció la efeméride del “Día del Campesino”, en vez de “Día del Indio”. Pero los campesinos celebran esta fecha, como “Día de la Reforma Agraria”. Los peruanos menores de 60 años quizá no valoren lo que esto significó para el Perú, pues no han conocido ni vivido, las condiciones feudales de aquellos tiempos.
Hoy, repudiamos con justa razón, la violación de mujeres. Pero antes de la reforma agraria, eso era abuso impune, sin derecho a reclamar, de los hacendados, contra hijas y esposas de sus súbditos campesinos. Tenían sus propias cárceles en el que castigaban a los vasallos rebeldes. Lo he visto en una de las haciendas del siempre senador de la república, Octavio Alva, cuyo sobrino Javier Alva Orlandini, fue también senador y presidente del Tribunal Constitucional. De la misma parentela, es la actual presidenta del Congreso.
En 1540, Juan De la Torre, uno de «Los 13 de la Isla del Gallo«, recibió de Francisco Pizarro, una encomienda de 13 aldeas con 800 nativos en la provincia de Condesuyos (Arequipa), incluyendo todas las estancias ganaderas que poseía el curaca principal Yuramullo. Además, se le dio dos aldeas en Camaná y otras posesiones en Acarí y Suquimarca.
Así se originó el régimen feudal que, se prolongó durante la república. Del tronco familiar de Juan de la Torre eran Pedro Diez Canseco, y Fernando Belaunde que, fueron presidentes del Perú. De esta parentela es el influyente político de Acción Popular, y varias veces congresista Víctor A. García Belaúnde. Lo dicho, no es por fobia, ni son los únicos troncos que nos gobiernan. Es por registro histórico.
La lucha por la reforma agraria dejó muchos muertos hasta 1968, y fue bandera de las guerrillas en 1965, dado que el latifundismo ya era un sistema arcaico que obstruía todo progreso social. Hasta el mismo presidente de EE UU, John Kennedy, creó el programa “Alianza para Progreso”, para propiciarla a su conveniencia. De allí viene esta frase. (No sé, si el partido de Acuña lo haya plagiado o, copiado).
Es que, el 76% de las tierras, estaban en manos del 0.4% de los propietarios, mientras que, el 99.6% de ellos, eran minifundistas dueños tan solo del 24%. Fue por ello que la Reforma Agraria fue concebida como instrumento de transformación agraria integral, incluyendo asistencia técnica generalizada, créditos e investigación agraria, para el aumento de la producción y la productividad.
El proceso se frustró en su etapa inicial, al ser depuesto el presidente Velasco. Mal puede decirse que la reforma agraria fracasó, ya que su edificación quedó trunca. Fue la contra reforma agraria, la que la pulverizó y las empresas cooperativas agroindustriales azucareras fueron obligadas por el fujimorismo, a convertirse en sociedades anónimas, sometiendo a los trabajadores a una situación desesperada que les hizo vender sus acciones a precio subvaluado.
Como consecuencia, estas empresas fueron capturadas por grupos económicos pasando a ser nuevamente latifundios de los siguientes consorcios: Grupo Gloria, grupo Oviedo, grupo Wong, grupo Manuelita (Colombia), grupo Bustamante y grupo Huancaruna, que en total eran ya, 126,782 has., pero han seguido aumentando tierras.
Esto fue solo el inicio del neo latifundismo, pues como se verá más adelante, el neoliberalismo entregó las tierras de los proyectos de irrigación financiados por el erario nacional, a consorcios transnacionales subsidiando precio de tierras, otorgando beneficios tributarios, recortando derechos laborales, etc.
Durante los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala, la empresa corruptora ODEBRECHT, hizo desembolsos para sobornos a cuenta de obras públicas (57 millones de dólares). Entre estas, la irrigación Olmos. La Contraloría General detectó una compra sin subasta de 11,514 hectáreas de lotes agrícolas a US$ 6’976, 282, que luego el concesionario H2Olmos (Odebrecht) revendió a US$ 22’493, 036, tras oscuras operaciones y adendas contractuales de corrupción.
No obstante que, el grupo Gloria tenía ya, los complejos azucareros más grandes, se le permitió adquirir en Olmos 25,600 hectáreas más, a través de sus subsidiarias: Corporación Azucarera del Perú (Coazucar) y Gloria SA. Pero igualmente en las demás irrigaciones las corporaciones multinacionales extranjeras y nacionales, han venido concentrando gran cantidad de tierras, de manera turbia.
Esta semana, la empresa estadounidense Mission Produce, informó que, hasta abril pasado, los gastos de capital se enfocaron en la compra de tierras de cultivo en Perú. Ya poseen más de 6,000 hectáreas, pero afirman que Perú es atractivo, pues no hay límite a la propiedad de tierras, la tributación es bajísima, el precio por hectárea es la décima parte que en EE UU, y el rendimiento en paltas es de 25 t/ha, frente a 8.5 t/ha, en California. Para ellos, la succión de riqueza está botada.
Y tienen razón los gringos, pues para la Unión Europea, “las tierras agrícolas no son una mercancía cualquiera, puesto que el suelo no puede aumentar y el acceso a él, es un derecho humano. La concentración de tierras agrícolas en manos de unos pocos operadores está asociada a unos efectos sociales, culturales, económicos y políticos profundos en todos los Estados miembros de la Unión”.
“Del mismo modo que la concentración de patrimonio, una alta concentración de tierras agrícolas fractura a la sociedad, desestabiliza el medio rural, pone en peligro la seguridad alimentaria y, de este modo, la consecución de los objetivos ambientales y sociales europeos”. Por ello, mediante resolución regional, invoca a los estados miembros “elaboren políticas del mercado de tierras que permitan el acceso a la propiedad o la tenencia en condiciones financieras adecuadas para la actividad agrícola y controlen los precios de compra y alquiler de las superficies agrícolas”
Dispone además que, “las transacciones relacionadas con las superficies agrícolas estén sujetas a un procedimiento ex ante de control (al igual que los estudios de proyectos mineros) de la conformidad respecto a la legislación nacional relativa al suelo, que se aplicaría asimismo a las fusiones, las escisiones y la creación de fundaciones”
Es así como en Europa, algunos países prohíben la compra de tierras nacionales por parte de empresas extranjeras, otros limitan la extensión y solo por un tiempo determinado, como si fueran inquilinos. Como sabemos, solo se puede hacer latifundios quitando tierras a los pequeños agricultores.
Por su parte la FAO (ONU) tiene la siguiente directriz:
“Los Estados deberían esforzarse por asegurar la gobernanza responsable de la tenencia, porque la tierra, la pesca y los bosques son fundamentales para la realización de los derechos humanos, la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza, la sostenibilidad de los medios de vida, la estabilidad social, la seguridad de la vivienda, el desarrollo rural y el crecimiento social y económico”.
Para los organismos internacionales es claro que, el latifundismo genera empoderamiento político y económico de una oligarquía terrateniente, pues a mayor extensión de tierras corresponde mayor poder de negociación. Indigna por ello que, ante esta situación, el actual gobierno trafique políticamente con la bandera “II Reforma Agraria”, que no reforma nada, ni frena la expansión latifundista. En la “Cumbre de las Américas”, volvió a ofrendar nuestros recursos naturales a la voracidad yanqui, en vez del pago a la madre tierra.
Lo peor de todo es que los partidos de izquierda callan, permitiendo ese engaño mayúsculo. Hasta el año pasado el avance de la concentración de tierras era el siguiente: (ver tabla)
Hay mucho más que decir en el Día de la Reforma Agraria, pero tengo que concluir. Es urgente revertir la expansión latifundista o, por lo menos detenerla antes que ocurra un estallido social. La producción en escala, otorga competitividad y gran rentabilidad, pero esta, debería ser para fortalecer la economía nacional y no a la extranjera. Si los latifundios agroexportadores no son equitativos, asociativos, inclusivos, incorporando a pequeños agricultores como propietarios, la lucha podría ser sangrienta. Ustedes qué dicen.