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El negro historial de los congresistas que exigen ministros «sin antecedentes»

Actualizado: 10 febrero, 2022

LAPATRIA

Cada vez que Pedro Castillo designó ministros, los políticos de oposición han escudriñado hasta el mínimo defecto de los designados.

Sin embargo, si se revisan sus hojas de vida y actos, los que han criticado muy duro toda designación y acto de Pedro Castillo son, justamente, los que tienen los peores antecedentes.

La prensa empresarial ha hecho mucho eco de las críticas, por eso es oportuno un recordatorio de los antecedentes de los que reclaman transparencia, pulcritud, cero antecedentes, idoneidad para el cargo y todo lo que… justamente no tienen.

Dato importante: en el buscador Google escriba usted el nombre de cualquier congresista de oposición y luego escriba «corrupción» o «montesinos» y, de seguro el buscador arrojará varios resultados.

Jorge Montoya

El 1999 firmó el «acta de sujeción a Vladimiro Montesinos». Montoya dijo que no exista tal acta de sujeción sin embargo, un pronunciamiento de las Fuerzas Armas «aclaró» que dicha acta firmada por 400 mandos militares respaldaba el golpe del 5 de abril del año 1992.

No es cualquier acta pues Vladimiro Montesinos fue condenado, entre otros cargos, por la existencia de dicho documento.

Patricia Chirinos

Es bachiller en Ciencias de la Comunicación. No tiene grados académicos ni estudios complementarios a su carrera.

El asesinado Robert Castillo señaló que los autores intelectuales de la muerte de Wílbur eran Félix Moreno, entonces gobernador regional del Callao; Patricia Chirinos Venegas, entonces alcaldesa de La Perla; y Rogelio Canches, padrastro de Chirinos y entonces congresista de la República. Los tres pertenecían a Chim Pum Callao, un partido político declarado posteriormente por las autoridades judiciales como organización criminal.

Roberto Chiabra

Fue investigado por, supuestamente, recibir 12 mil dólares del exasesor Vladimiro Montesinos para desempeñarse como agregado civil en Paraguay. La fiscalía pidió 5 años de cárcel y una reparación civil de 100 mil soles.

César Combina

Desde inicios de este año fue denunciado por alcaldes de Junín, Pasco y Huancavelica por cobrarles entre 50 mil y 200 mil soles para que el congresista gestiones el financiamiento para la ejecución de sus obras.

No solo ellos sino que un grupo de empresarios de construcción también le piden la devolución de su dinero. Se dijo que viajó a España pues teme una represalia de parte de los empresarios de construcción.

José Cueto

El exmilitar fue involucrado en el resguardo indebido del montesinista Oscar López Meneses y tuvo que declarar ante la fiscalía. El exdirector de la Policía Nacional, Raúl Salazar Salazar, declaró que él fue quien lo llamó para pedirle protección al montesinista.

Adriana Tudela

La congresista fue cuestionada por la dirigencia de Avanza País por, presuntamente favorecer al Club de la Construcción. Se tienen registros de que, en inicios del año 2021 ella recibió en su despacho a representantes de empresas vinculadas al llamado Club de la Construcción.

Días después de dicha reunión ella presentó un proyecto de ley para hacer de Indecopi un «organismo autónomo» al estilo de la Defensoría del Pueblo. Esto porque, dicho ente, multó a empresas relacionadas con el Club de la Construcción.

Rosangella Barbarán 

De acuero a una investigación de Wayka, ella contrató como asesora de su despacho a Shirley Montenegro, investigada por el Equipo Especial Lava Jato, pues sería uno de los personajes que ayuda a eliminar las evidencias de lavado de activos que incriminarían a Keiko Fujimori.

Shirley Montenegro percibió el pago de S/7 mil 789 por su labor de “asesor II” en el despacho de la fujimorista Barbarán durante el mes de agosto. 

Patricia Juárez

Como teniente alcaldesa de Lima fue la principal encargada de investigar el caso Comunicore. Por supuesto, en el informe final no llegó a nada y es señalada como la que tapó a Castañeda Lossio. En varias entrevistas ella afirmó que el extinto alcalde de Lima no era responsable de actos de corrupción, sin embargo, el Poder Judicial halló que sí había delito.


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