Pedro Castillo y el cambio de ministros: en octubre no hay milagros
La interpelación al ministro de Trabajo Iber Maraví, a la que podría haber seguido su censura por la coalición de los grupos derechistas y aventureros en el Congreso de la República, tuvo un desenlace esperado para algunos y sorpresivo para otros.
Quitándose el sombrero campesino, el presidente de la República prefirió ceder, pero no del todo. Se deshizo de siete ministros, vilipendiados a diario por los periódicos, semanarios y la TV de Lima, no sin antes rebuscar por un lado y otro y escuchar a quienes no habían ganado las elecciones o lo atacaban. Cuando halló a los reemplazantes los juramentó.
Fue como echarle a la olla de la derecha con agua hirviendo un poco de agua fría. Pero, con esta concesión ¿cesará esa derecha recalcitrante de atacar al Presidente de la República y al partido Perú Libre?
En octubre no hay milagros, ni después tampoco. Para quienes no lo sepan En octubre no hay milagros es una novela de Oswaldo Reinoso, publicada en 1965, que reprodujo la trama de la novela Ulises de James Joyce y dejó la impronta de su impactante título.
Con este cambio, el presidente Pedro Castillo opta por la gobernabilidad, a criterio de la derecha. El quid consiste en determinar qué se entiende por ella.
La expresión gobernabilidad comenzó a ser usada luego de los movimientos sociales de la década del sesenta del siglo pasado que reclamaban la defensa y la extensión del Estado de Bienestar, más democracia y menos exclusión. La difundieron los técnicos del Banco Mundial en sus informes, aludiendo con ella a una actitud de cooperación e interacción entre el Estado y los actores sociales. En otros términos, propugnaban un diálogo sedativo ante una realidad social que debía permanecer intacta.
En nuestro país, comenzó a utilizarla Alejandro Toledo cuando decidió tentar suerte aquí en la década del ochenta. Desde entonces, resurge de tiempo en tiempo, cuando la ola de protesta empieza a encresparse. Una definición más precisa de gobernalidad sería la de mansedumbre de las grandes mayorías sociales o de los representantes de sus organizaciones reivindicativas.
Hace unos dos mil quinientos años, la política fue definida por Aristóteles como el gobierno de la ciudad (de la polis en griego antiguo). A comienzos del siglo XVI, Nicolás Maquiavelo hizo de la política el conjunto de procedimientos para llegar al poder del Estado y mandar en los principados, las democracias o lo que fuera, por cualquier medio: sucesión dinástica, elecciones, golpes de Estado, acciones audaces, acuerdos parlamentarios, cabildeos e intrigas.
La gratitud y la lealtad son valores extraños a la política. De allí la desvergonzada y célebre sentencia de Maquiavelo: el fin justifica los medios. Raymond Aron, al presentar, en 1962, una edición francesa de El Príncipe, la obra cumbre de este teórico,dijo por ello: “No hay necesidad de atribuir a nuestro autor una capacidad de disimulación, abyecta o sublime. Maquivelo se ha convertido en sabio y para nuestro siglo ebrio de ciencia, este adjetivo basta para todo. Maquiavelo es el fundador de la ciencia política”.
Mi punto de vista es, sin embargo, que la política puede y debe ser dotada de valores morales.
Antes de las elecciones de este año, Pedro Castillo no existía en la política peruana. Era un maestro de primaria y dirigente sindical con mucho empuje y una gran honestidad, cualidades que no suelen ser significativas en la política que, en nuestro país, es entendida, por quienes la practican desde que los conquistadores españoles subyugaron al Tahuantinsuyo, como el juego de trapacerías, acomodos, lambisconería, corrupción y otras movidas.
Con gran visión, los altos dirigentes del partido Perú Libre se fijaron en él y en su potencial y lo inventaron, postulándolo a la presidencia de la República, lo asistieron y desplegaron su acción en todo el Perú en una contienda en la que para la derecha y sus medios de prensa él era un candidato diminuto y sin ninguna posibilidad; y, sin embargo, ganó en la primera vuelta, llegando casi al 20% de la votación válida.
En ese momento, Pedro Castillo comenzó recién a existir para el poder empresarial y su prensa propia y alquilada, incluida la disfrazada de independiente. Y comenzaron los ataques contra él y Perú Libre, con todo: que la democracia estaba en peligro de expirar, que les quitarían sus propiedades a todos, y lo que circulaba más íntimamente en los barrios de más alto poder económico de Lima: que una ola de cholos serranos amenazaba a las familias blancas y sachablancas de Lima. ¡Qué horror¡
Nunca antes en el Perú se había asistido a una campaña mediatica y de propaganda con tal nivel de depredación. Y, a pesar de todo eso y contra viento y marea, el partido Perú Libre y Pedro Castillo convencieron a más de un 50% de la población electoral para que votaran por este en la segunda vuelta, y ganaron. Resistiéndose a admitir su derrota, la derecha y su candidata, ahítas de rabia, prosiguieron su ofensiva para despojar a Castillo de su triunfo en el conteo de votos, sin parar de menoscabarlo y agraviar a Perú Libre y a sus dirigentes. Pero, no tuvieron éxito, y Castillo fue proclamado presidente de la República.
Después, la campaña de demolición ha continuado, esta vez con el objetivo de separar a Castillo de Perú Libre y, sobre todo, del dirigente fundador de este partido, presentados como los enemigos públicos de la buena sociedad limeña por quienes manufacturan la “pública opinión”. Cuando se supo quiénes serían los ministros, el poder empresarial oligárquico y sus valedores congresistas y periodistas los estudiaron a fondo y decidieron abatirlos uno tras otro y, de entrada, negarle el voto de confianza en el Congreso de la República al primer gabinete ministerial de Castillo. Pero, esta primera tentativa, preludiada por un torneo feudal de ataques sin ton ni son, no alcanzó los votos suficientes para echarlo abajo.
La derecha recalcitrante se desquitó, interpelando en el Congreso al ministro Iber Maraví. Fue otro torneo de imprecaciones sin fundamento en la Constitución y, en particular, en los artículos de esta que proclaman la presunción de inocencia y que la interpelación de los ministros solo procede en relación a sus acciones como tales. Será, por eso que se aferran tanto a esta Constitución, para violarla como quieran. El proyecto de interpretación auténtica de la Constitución para imponer sus condiciones al voto de confianza al consejo de ministros es otra muestra de ello.
Es de suponer que para el poder empresarial y su derecha recalcitrante el cambio de ministros es una buena señal, porque, tal vez piensan, que Pedro Castillo ya empieza a pasar por el aro. No les importan las motivaciones y cálculos distintos que haya tenido para removerlos, y, si les es posible gobernar con él, lo admitirán, siendo cada vez más exigentes y valiéndose de algunas trastadas recomendadas por Nicolasito Maquiavelo. Hay razones, sin embargo, para creer que Pedro Castillo no se resignará a ser solo el presidente del sombrero campesino.
Para las grandes mayorías sociales de nuestro país lo concreto es que las reformas prometidas en la campaña electoral deberán esperar, puesto que requieren leyes que dependen de la composición del Congreso. La posibilidad de promover algunas por decreto supremo es muy limitada, pero aun así, para acometerlas hace falta determinar lo que podría ser cambiado, y surge la duda de si estos ministros, salvo uno que otro, lo sabrán o se contentarán con dejarse llevar por la nave burocrática y la estructura neoliberal.
Ante esta perspectiva, es evidente que la campaña de capacitación política de las grandes mayorías sociales destinada a reforzar su conciencia de ser ellas los grandes actores de los cambios que ellas y nuestro país necesitan tendría que continuar, primero, porque que son ellas la razón de ser declarada por las cuales el partido Perú Libre y sus representantes están en la política, y segundo, porque son la fuerza que podrá neutralizar a la derecha oligárquica y sus instrumentos políticos.