Jubilados de la SUNAT exigen pago de sentencia ordenada por la CIDH
Los pensionistas de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), denunciaron que este organismo viene desacatando con pagar a sus extrabajadores agrupados en la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados (Ancejub-Sunat).
La entidad gubernamental no cumple con la sentencia internacional expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó cumpla con el pago efectivo e inmediato de los reintegros pendientes de pago desde 1992, conforme lo dispuesto en la sentencia de 25-10-1993, dado el plazo irrazonable de casi 30 años transcurridos en sede interna y supranacional.
“De más de 600 extrabajadores comprendidos en la demanda, ya contamos con 234 fallecidos, otros con enfermedad en fase avanzada y/o terminal, víctimas en actos de defensa del estado y víctimas por violación de derechos humano, establecidas en sentencias de instancias internacionales”, indica el abogado César Atarama Lonzoy, Presidente Ancejub- SUNAT.
La Corte IDH, ordenó mediante sentencia internacional expedida de fecha el 21 de noviembre del 2019, que el Estado cumpla con elpago efectivo e inmediatode los reintegros pendientes de pago desde 1992, conformelo dispuesto en la sentencia de 25-10-1993, dado el plazo irrazonable de casi 30 años transcurridos en sede interna y supranacional.
La referida indemnización por “daño inmaterial”en favor de cada una de las víctimas que figuran en la sentencia, que la Sunat debió pagar dentro del plazo de un (01) año, contado a partir de la notificación de la sentencia, venció en exceso.
De otro lado, la CIDH, le fijo a Sunat, por concepto de “costas y gastos”, el pago en equidad, la cantidad de US. $ 15,000.00 dólares. En caso que Sunat incurriera en mora, deberá pagar un interés correspondiente al interés bancario moratorio en Perú.
Igualmente, dijo que como “garantías de no repetición, la Corte IDH ordenó la creación de un “registro” que identifique a: otros integrantes de Ancejub Sunat, que no figuran como víctimas, en este caso (106), asimismo, otras personas que no siendo miembros de “Ancejub Sunat”, sean cesantes o jubilados de la Sunat, que enfrenten condiciones similares a las víctimas afectadas.
“Precisa dicha norma legal, que su implementación y el financiamiento, es con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al tesoro público, hecho que hacemos de conocimiento a la oficina de “control interno” de Sunat, y a la Contraloría General de la República, para que impongan las medidas correctivas y las sanciones a los funcionarios responsables por el incumplimiento de mandatos supranacionales, que le irrogan mayores desembolsos al país”, indicó Atarama.
“Este ventajoso contrato fue para “torcer” lo resuelto por la Corte Suprema a favor de las víctimas, y se debe acordar la modalidad del acto público, así como lugar y fecha para su realización, en memoria a los fallecidos sin alcanzar justicia y de los que aún vienen batallando con las pocas fuerzas que su edad les permite, ante una Sunat indolente, que exige su estricto y riguroso cumplimiento a los deudores tributarios, cuando ellos no cumplen con sus obligaciones constitucionales, hecho que desalienta a los contribuyentes”, fustigó el dirigente.