Miércoles, 27 de noviembre 2024 - Diario digital del Perú

Agricultura familiar: el contrabando detrás de la mascarilla

Actualizado: 8 noviembre, 2020

Milcíades Ruiz

Agroexportaciones. Foto: ANDINA/Difusión

“En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso”. Estando arrinconado contra la pared, el presidente Vizcarra, mediante decreto Supremo del 4 último, ha exonerado del IGV a la venta de fertilizantes, supuestamente para impulsar la agricultura familiar. Pero los mayores beneficiarios son las transnacionales de la agroexportación. La derecha no dice que es populismo. ¿Saben por qué?

En la guerra comercial de EE UU con China, se elevaron los impuestos a la importación (aranceles) para perjudicar al contrario y proteger la economía propia. Se busca encarecer los productos importados desalentando su demanda. Si no hay compras, el negocio se viene abajo y el país proveedor enemigo pierde ingresos, empleo y, liquidez con déficit comercial. Por el contrario, si se reduce aranceles se favorece al país proveedor, que aumenta sus ventas, ingresos, empleo etc.

En el Perú, el entreguismo deja el arco desguarnecido para que nuestros depredadores hagan gol y se lleven nuestro dinero. Es así como, el cuestionado gobierno actual ha dispuesto exonerar del IGV a los fertilizantes químicos importados, favoreciendo a los importadores, distribuidores y beneficiando a costa nuestra, a los países proveedores. Estos son EE UU, Rusia, China y, Chile que, a pesar de no tener petróleo, es nuestro abastecedor de fertilizantes nitrogenados (urea, nitratos).

Los fertilizantes nitrogenados derivados del petróleo vienen mayormente de Rusia (60%), los fosfatados mayormente de China (50%), los potásicos mayormente de Canadá (27%) y los combinados, mayormente de EE UU (37%). Estos son los países beneficiarios del referido decreto supremo como también, las empresas extranjeras importadoras. Sabiendo cómo se maneja este gobierno, es fácil imaginar dudas detrás de esta medida, ya que no es un pedido expreso de los agricultores, en nombre de los cuales se ha justificado. ¡Qué raro!

De por medio hay más de 500 millones de dólares en importaciones (525.104.639 dólares en 2018). Este monto se duplica en el mercado de ventas y también serán muchos millones los que dejará de percibir la caja fiscal. La prensa da cuenta que el ministro del sector, Jorge Montenegro saludó la decisión del Ejecutivo, diciendo que ratifica el compromiso y apoyo del Gobierno, en promover la Agricultura Familiar (¿?).

Pero resulta que no es la agricultura familiar la que usa fertilizantes químicos sino, mayormente la agricultura comercial. Particularmente las transnacionales agroexportadoras que absorben la mayor parte de este insumo. Por algo las regiones de la costa donde se concentran las agroexportadoras son las de mayor uso de fertilizantes, (Lambayeque 78,2% de los productores, Lima 62,2%, Ica 56,9%; Arequipa 57%).

Por cultivos, el mayor consumo es para caña de azúcar, cuyo mayor latifundio es del Grupo Gloria, (del valle Chicama hasta Olmos) beneficiándolo con muchos millones, como para volver a financiar la campaña política de Keiko, pero ahora sin dejar huellas.

Esta medida se dicta coincidentemente después de ampliar hasta el 2031, en beneficio de las transnacionales agroexportadoras la reducción del impuesto a la renta y el privilegiado régimen laboral contra de los trabajadores del ramo. Se incluye a las empresas de depredación forestal que ahora pagarán solo el 50% del impuesto a la renta.

Dudo que el ministro de agricultura desconozca los datos del último censo agropecuario, pues preguntando casa por casa, el 88,8% de los agricultores declaró que no utiliza fertilizantes químicos o los aplica de manera insuficiente (56,1% no aplica fertilizantes de ningún tipo). Menos aún, la agricultura familiar usa la fuerza propia porque carece de dinero para comprar insumos. Peor ahora que la crisis la ha dejado sin liquidez.

El propio ministerio del sector (Plan Nacional de cultivos 2019/2020) reporta que el 79,3% de las unidades agropecuarias son de menores a 5 has., y manejan solo el 5,9% de la superficie agropecuaria total. Agrega que, el 71% de los productores solo hacen agricultura de subsistencia (no comercial). El 99,4% son personas naturales (no empresas). ¿De dónde sacan aquello de que la medida es “para impulsar el desarrollo de los pequeños productores” abaratando los costos de producción de 2.2 millones de campesinos a nivel nacional, como señala la nota de prensa ministerial?

¿Significa esto que los campesinos tendrán ahora mayores utilidades? Ya sabemos lo que ha pasado con la cuarentena y los precios bajos en chacra, dejando en la ruina a la pequeña agricultura comercial. Si gran parte de los consumidores se han quedado sin ingresos, es lógico que la demanda de productos campesinos, caigan notoriamente. Esto no se resuelve bajando el IGV a los fertilizantes.

Como sabemos, los precios de los fertilizantes tampoco bajan en la misma proporción cuando baja el precio del petróleo. ¿Bajarán ahora 18%? Los campesinos tampoco reciben factura o boleta en la que conste el IGV, ni las acumulan para descontar del pago de impuestos (Crédito fiscal). Esto solo lo hacen las empresas que llevan contabilidad. De modo que con IGV o sin este, la desgracia de los pequeños productores no se aliviará.

No obstante, el decreto supremo 342-2020-EF, dispone que esta medida entra en vigencia en diciembre. Es decir, cuando la mayoría de cultivos transitorios de los campesinos han dejado atrás la campaña de siembras, en tanto que algunas zonas tendrán problemas de escases de agua de lluvias por el anunciado fenómeno de “La Niña”. Podríamos seguir señalando otras objeciones, pero lo dicho quizá sea suficiente para entender el problema y la jugada que nos toma como engatusados.

Más tarde se verá que la medida no habrá dado los resultados esperados, como viene sucediendo con el fracasado FAE Agrario, o créditos de apoyo empresarial a los campesinos no empresarios, que hasta ahora no llegan a los destinatarios. El fondo de dos mil millones está sin uso. Una ínfima cantidad se ha transferido a los intermediarios financieros. Pero, si de verdad el gobierno deseara ayudar a los campesinos, ese no es el camino.

Los millones que se dejan de recaudar, bien podían haber servido para el subsidio productivo a los campesinos pobres, como lo hacen muchos países del mundo. Lamentablemente, ni los partidos de izquierda ni los gremios campesinos se pronuncian, porque el tema no se ha discutido. Pero la línea política del gobierno es no atender las demandas campesinas ya planteadas, sino hacer lo que la derecha propugna. En este caso, no dicen que la medida es “populismo” pues tras la medida se esconde el beneficio a la derecha.

Todo esto nos hace ver sobre la necesidad de anticiparnos a la estrategia de la derecha y no “llorar sobre leche derramada”. Para eso se requiere contar con los especialistas sectoriales. El conocimiento de la problemática de cada sector socio económico nos ayudará a comprender mejor la realidad nacional, evitando caer en las jugadas de la derecha. No estaría mal, enarbolar la bandera: “Subsidio para los campesinos pobres” Salvo mejor parecer.


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