Nuevo pacto social en el Perú: ilusión constitucional

La pandemia sin fin, nos ha cortado la programación de planes y nos ha desvinculado mucho más entre nosotros y con el pueblo, al cual nos debemos. Todos estamos muy preocupados día y noche, por los peligros de la salud y por la grave situación económica que nos ha tocado vivir. En todas partes, no se habla de otra cosa, sobrecargando nuestra mente y animosidad. Esta nota pretende sacarlos de esa tensión, aunque sea por un momento, abordando un tema pendiente.

Desde antes de la pandemia, la izquierda ha venido planteando la necesidad de cambiar la constitución vigente, sin especificar detalles ni presentar un proyecto sustitutorio. En nuestras filas, hay unanimidad en cuanto a que la constitución vigente es espuria y producto de una sucia maniobra gubernamental de la década de 1990, para gobernar sin estorbos democráticos. Sin embargo, creo que hace falta crear condiciones apropiadas para lograr el cambio en mención.

Siempre es bueno meditar una consigna para no lanzarnos a una piscina sin agua. Toda gestión se juzga por sus resultados. La anterior representación parlamentaria de la izquierda, apoyó a Vizcarra en su afán de enfrentamiento con el Parlamento, a tal punto de auto eliminarse políticamente con la disolución de este. La coyuntura nubló los principios y el remedio resultó peor que la enfermedad. El resultado de esta gestión es un engendro indeseable y nuestro saldo político es negativo.

Se ha lanzado la consigna de una nueva constitución como piedra angular, de la que depende la solución a nuestras desdichas. Sin duda será punto obligado en la próxima campaña electoral. Si bien, esta consigna es obvia en los círculos esclarecidos, pudiera ser que no haya resonancia en la conciencia ciudadana a tal punto que la haga suya. Esta debilidad será aprovechada por los adversarios con su mayor capacidad de audición.

Históricamente, el cambio de constitución siempre ha sido propiciado por quienes detentan el poder, a fin de establecer las reglas que faciliten el gobierno de su conveniencia. Salvo condiciones de abrumadora violencia popular, que lo imponga contra la voluntad de los gobernantes. Aun así, se abre una pugna de intereses al momento de las definiciones en el texto de la nueva constitución. La fuerza política predominante es finalmente la que le da forma final.

Podemos revisar la historia, incluyendo la de países socialistas, para comprobar esta lógica. Esto ya nos dice de la opción que tenemos al propugnar este desafío, en las condiciones en que nos encontramos dentro de la correlación de fuerzas. De convocarse a una asamblea constituyente, con el actual régimen eleccionario fraudulento, no tendríamos la supremacía suficiente para lograr una Carta Magna, acorde con nuestros deseos ideológicos.

Ya hemos pasado por esta experiencia en la asamblea constituyente de 1978, obteniendo 32 de los cien constituyentes, en varias bancadas separadas. En el lado opuesto estaban 37 del PAP, 25 del PPC y 6 de partidos menores. Lógicamente no pudimos hacer prevalecer nuestras concepciones doctrinarias y peor aún, con profundas discrepancias internas y enfrentamientos públicos por línea política.

Toda constitución es una envoltura doctrinaria traducida jurídicamente para establecer los principios fundamentales que rigen una sociedad en particular. Define su marco ideológico, organización y funcionamiento. Sus principios doctrinarios prevalecen sobre cualquier aplicación jurídica a las actividades de la población en los diversos aspectos. Estas disposiciones secundarias, solo tiene validez, si concuerdan con la naturaleza doctrinaria de la constitución.

Los principios doctrinarios priman a la hora de definir los derechos ciudadanos, el régimen político, económico, administrativo, relaciones con otros países y demás aspectos de la vivencia de una sociedad. Es lo que constituye el “Estado de Derecho”. La república fue fundada por una asamblea constituyente en la que gran parte de los diputados eran sacerdotes colonialistas, incluyendo su presidente. De allí el texto:

“ARTICULO 8º.- La religión de la República es la Católica, Apostólica, Romana con exclusión del ejercicio de cualquier otra. ARTICULO 9º.- Es un deber de la Nación protegerla constantemente, por todos los medios conformes al espíritu del Evangelio, y de cualquier habitante del Estado respetarla inviolablemente”. ARTICULO 31º.- La elección de Diputados se hará por medio de Colegios Electorales de parroquia,… ARTICULO 52º.- Todo Diputado antes de instalarse el Congreso para ejercer su cargo prestará juramento en la forma siguiente: – Juráis a Dios defender la Religión Católica, Apostólica, Romana, sin admitir el ejercicio de otra alguna en la República? – Sí, Juro”. Etc. etc.

Este era el liberalismo criollo, influenciado por el liberalismo español, que no permitía la libertad religiosa, ni la libertad de esclavos, ni la de los vasallos nativos cautivos. El presidente de esa constituyente Javier de Luna Pizarro fue más tarde Arzobispo de Lima y el secretario Francisco J, Mariátegui, vocal de la Corte Suprema, mientras los demás constituyentes pasaron a ocupar los más altos cargos de la República.

Es así como, la doctrina determina la naturaleza de una constitución, sentando las bases de la conducta social, la economía nacional y toda la estructura del ordenamiento social, queda sujeta a esa concepción. Así, una doctrina pluri étnica nos conduciría a cambiar el modelo estatal republicano y dar cabida a las múltiples nacionalidades originarias y no originarias, una doctrina que propugne una democracia económica nos obligaría a una distribución equilibrada de la rentabilidad social.

Si la base doctrinaria de la nueva constitución fuese el bien común, entonces, todos los aspectos de la vida nacional tendrán que respetar este principio, no siendo admisible el individualismo que no redunde en beneficio colectivo, sin dejar de reconocer y gratificar el liderazgo individual en toda rama del conocimiento y la práctica. Este era el principio rector de las sociedades andinas prehispánicas, porque eran autárquicas. Pero esta no es la situación actual*.

Bajo el influjo doctrinario del neoliberalismo es que se maquinó la constitución vigente. La Carta Magna es pues, una envoltura jurídica nacional acondicionada doctrinariamente, pero sobre ella, hay una envoltura doctrinaria de dominación global. Este es el contexto en el que ubicamos nuestra lucha por la liberación nacional y una nueva constitución tiene que ser realista para permitir un desarrollo nacional soberano a pesar de las condiciones adversas.

Entonces, cuando lanzamos la consigna de nueva constitución, tenemos que tener muy claro el terreno que pisamos y trazar la estrategia apropiada. Si no estamos en condiciones de cambiar la constitución sobre la base de nuestra doctrina, la única posibilidad que tenemos para lograr cambios constitucionales puntuales, es con la presión popular de magnitud apropiada. Pero para eso, se necesita un gran trabajo de campo, con organización y divulgación ideológica.

Si puntualizamos la consigna “nueva constitución con un régimen de economía social de mercado equitativo”, estaríamos siendo más expresivos. Y si propugnamos el “pluralismo empresarial equilibrado” estaríamos sentando jurisprudencia para enrumbar el desarrollo nacional dando apoyo compensado a las modalidades de mayor cobertura social. (cooperativas, empresas asociativas populares, comunitarias).

Esta forma de puntualizar cambios para una nueva constitución, podría tocar aspectos más sensibles de necesidad popular, ganando simpatías para una presión efectiva. Una consigna que generaliza, sin especificar, podría ser indicativo de pobreza doctrinaria. Es importante distinguir, en todo momento, entre lo deseable y lo factible para no pisar en falso. Tenemos que hacer el esfuerzo de formular nuestra alternativa en términos coherentes.

Las batallas se ganan con inteligencia, compensando nuestras debilidades con habilidades y eludiendo las trampas del adversario, hasta adquirir la consolidación sostenible que nos proteja de nuestros depredadores. Muchos seres minúsculos de la naturaleza, sobreviven mimetizándose. No se trata de desafiar al enemigo, asumiendo poses de soberbia revolucionaria, con provocaciones que nos exponen al peligro. Es el pueblo el que sufre las consecuencias de nuestra intolerancia infundada.

Por eso es importante que nuestras convicciones tengan solidez doctrinaria para no caer en desviaciones y en esto, tenemos que trabajar mucho para mejorar nuestro desempeño político. Si la consigna es por una nueva constitución, tenemos que sustentarla planteando nuestra alternativa. No solamente entre los ilustrados sino fundamentalmente entre la gente del llano, de cuyo apoyo dependerá su factibilidad. Salvo mejor parecer.

* El desarrollo del Tahuantinsuyo no dependía de otros estados y todo lo que el Inca ganaba con sus conquistas no era para su beneficio personal, sino comunitario. Muchos pueblos se incorporaban sin oponer resistencia porque el incanato mejoraba su sistema de vida, manteniendo los curacas, el autogobierno de su jurisdicción.