Reforma tributaria y no solo impuesto a los millonarios

En los últimos días se ha venido hablando, sobre la pretensión de aplicar el impuesto escalonado al patrimonio de los millonarios peruanos, que no es mi caso ni el de ustedes. A primera vista, nos puede parecer promisorio en vista de la situación crítica que atravesamos. Pero no sabemos las verdaderas intenciones de los impulsores de esta iniciativa, de sus alcances y procedimientos. Este impuesto, no es ninguna novedad en los países capitalistas, pero…

Habría que preguntar, ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué resultados se buscan? No es tan simple como muchos piensan. La intención del gobierno no es la misma que la de los legisladores ni la que tenemos por nuestra cuenta. El presidente habla de un impuesto “solidario” aplicable a los que más tienen, pero como una colaboración de consciencia, mientras que los legisladores nos hablan en otros términos y con distintas razones.

Lo mismo pasó hace más de cincuenta años cuando se debatía sobre la reforma agraria. Hasta los hacendados formularon su proyecto de reforma agraria como lo hacen actualmente los super millonarios sobre el impuesto a las fortunas. Cada cual tiene una visión sobre este tema. Es que hay muchas formas de presentar, tergiversar, recortar, anular, retardar un proyecto con leguleyadas y artimañas.

El impuesto a los grandes patrimonios ha sido aplicado de diversa manera en países europeos, asiáticos y americanos. Las realidades son diferentes y los motivos también. El impuesto a los super millonarios en un país desarrollado no tiene las mismas implicancias que, en un país subdesarrollado y dependiente como el nuestro. Los resultados también son diferentes.

Suecia y Alemania fueron los primeros en aplicarlo, pero después lo eliminaron. Estados Unidos lo aplicó, pero también lo eliminó. En cambio, Argentina lo mantiene, pero vaya usted a ver los resultados a la fecha. La India tiene uno de los PBI más alto del mundo y aplica este impuesto, pero todos los años los campesinos pobres se suicidan agobiados por su realidad. Ecuador también lo aplica, pero ya sabemos lo que sufre. Igualmente, Colombia, Brasil, Uruguay, etc.

En ninguno de los lugares donde se aplica este impuesto, se han resuelto los problemas que lo motivaron. No ha impedido la concentración de la riqueza en pocas manos, ni la pobreza, ni el sufrimiento social. La desigualdad social es creciente en todo el mundo y la pobreza es parte del paisaje andino. Tampoco ha cambiado la condición de país oprimido entre nuestros vecinos. Es que la desigualdad es la razón de ser del capitalismo.

Esta observación no significa estar en contra de la aplicación del impuesto a los grandes patrimonios. En buena hora que se aplique con la mayor rigurosidad. El asunto es que no nos salga el tiro por la culata, como le pasó a la izquierda que apoyó a Vizcarra en la disolución del Congreso perdiendo soga y cabra. Lo que se quita a los ricos debería ser una compensación destinada a los pobres exclusivamente. No para el despilfarro ni para subsidiar a los aspirantes a millonarios.

Actualmente, el gobierno nos ha endeudado con 3,000 millones de dólares, vendiendo bonos estatales a plazo crediticio, para afrontar la pandemia. Ese dinero ya se está gastando en compras de todo tipo, subsidios a empresas y bonos de socorro. No todos los necesitados reciben estos bonos, pero sí, todos tendremos que pagar esa deuda pagando el IGV. Pagaremos los sobreprecios de corrupción en mascarillas, equipos, medicinas y demás implementos, adquiridos con ese dinero. ¿Y se resolvió el problema?

Lo paradójico es que los beneficiarios directos de esta operación crediticia no son los pobres ni los viejos que pierden la vida por discriminación médica ante la falta de equipos respiradores, sino son los ricos que compraron los bonos estatales. Ellos siempre ganan. Los pobres siempre pierden. Entonces, lo más probable es que, el impuesto a los ricos, lo terminen pagando los pobres.

Los ricos no se hacen paltas con este tipo de impuestos. Lo cargan a los costos y asunto arreglado. A Dionisio Romero, uno de los millonarios que heredó las tierras de su padre terrateniente español en Piura, la reforma agraria le quitó esa propiedad y no se hizo problema. Los campesinos como nuevos dueños siguieron cultivando algodón, pero a la cosecha, el que les compraba y ponía el precio era precisamente Dionisio, que tenía la hilandería y desmotadora. Compensó y ganó.

Tampoco se hizo problema con la nacionalización de la banca anunciada entre aplausos parlamentarios, por Alan García. Hasta repartió certificados entre los empleados. Pero compensó, recuperó el banco y ganó mucho más, diversificando inversiones con el dinero de los ahorristas del BCP. Si se piensa que el impuesto a los ricos los va afectar, corremos el riesgo de quedar en ridículo. Los 3,65 millones de dólares que el grupo romero otorgó para financiar la campaña electoral de la señora Fujimori, no lo afectó. ¿Votaran a favor los fujimoristas?

Así, el multimillonario Carlos Rodríguez Pastor, podrá trasladar el impuesto patrimonial a Interbank, Plaza Vea, Vivanda y sobra espacio en la larga cadena de negocios que maneja. Entonces dirá: ¡No hay problema! Incluso, aunque le cerremos el paso, hay mucho margen oculto entre el laberinto tributario, financiero, falsas deudas y otros refugios contables. Más aún, para eso existen los paraísos fiscales donde los patrimonios desaparecen.

De modo que, “hay mucho pan que rebanar” en este asunto. Pero no quisiera que me tomen como un sujeto negativo al dar una apreciación distinta. Siempre es bueno cuidarse a las malas interpretaciones. Pero el solo hecho de hablar de “impuesto a los ricos” genera resquemores infundados. Muchos piensan que lo hacemos solamente por odio a los ricos, lo cual es una irracionalidad. No debe verse como una persecución a los ricos, ni como castigo a los aspirantes.

La reforma agraria no se hizo por odio a los hacendados, aunque muchos de ellos eran odiosos. Proceder por venganza, envidia o cualquier sentimiento emotivo es detestable. La reforma agraria frustrada, era parte de un proyecto integral de transformación destinado a cambiar las estructuras de la vieja sociedad por una nueva república, en lo económico, social, político y cultural. No fue por politiquería ni populismo.

Menciono esto porque si bien la idea puede ser muy buena para los que buscamos justicia, sucede que, no siempre las buenas ideas terminan bien. Los católicos suelen decir que “El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones” y es que la buena fe no basta. Proponer medidas aisladas como el impuesto a los multimillonarios quizá no tenga la trascendencia esperada, por haber sido presentada desconectada de una concepción ideológica sustentable que garantice sus beneficios.

En el contexto globalizado, los países pobres como el nuestro, necesitan fortalecer los capitales nacionales. La magnitud de su industria, de su empleo, en suma, de su desarrollo, depende de este fortalecimiento. Eso es lo que debemos promover, pero en una economía endógena, preferentemente solidaria. Entonces, cuando planteamos el impuesto a nuestros multimillonarios debemos mantener esta estrategia de desarrollo.

Pensando en ello, ¿Por qué aplicar esta carga solo a los nuestros y no a los extranjeros que compiten con los capitales nacionales? Los capitales extranjeros de las cadenas de supermercados en nuestro país, envían ingentes remesas patrimoniales a sus respectivos países. Lo mismo sucede con las transnacionales de la minería, construcción, transportes, pesca, agricultura, etc. La prostitución de nuestro país, otorga muchos beneficios tributarios a la inversión extranjera. ¿No los estaremos favoreciendo más, con este impuesto?

Vemos pues que, plantear una medida aislada es una forma de gobernar sin criterio de desarrollo. Por eso, considero que sería mejor plantear dicho impuesto dentro de una concepción estratégica de desarrollo equitativo. Ahora que se habla de cambios post pandemia, es oportuno proponer la reestructuración del sistema tributario. Que no se vea como una medida únicamente contra los ricos, sino como una reforma que lo incluye en un nuevo régimen, libre de vicios, fraudes y privilegios.

Dentro de las tantas injusticias que existen en nuestro país, está la injusticia tributaria. A un pequeño negocio de bajos ingresos se le clausura por la mínima falta. Eso no sucede con las grandes empresas de la minería, industria, comercio, exportación, medios de prensa, cadenas farmacéuticas y demás, a pesar de que sus faltas son graves en detrimento de vidas humanas. No por casualidad los gobiernos colocan a su gente en la cabeza de la administración tributaria. La SUNAT está tan putrefacta como otras instituciones claves.

Se trata entonces de proponer una restructuración tributaria con justicia social. Todos estamos obligados a contribuir con nuestros impuestos al desarrollo con equidad. Pero, la primera condición de justicia es que lo hagamos según la capacidad de pago de cada persona, natural o jurídica. Sin privilegios, sin abusos, sin malas prácticas tributarias. La justicia tributaria debería compensar desigualdades y reducirlas.

El actual sistema tributario es arbitrario e ineficaz. Se han inventado miles de formas de evasión y fraude tributario. Los contadores son cómplices de las malas prácticas tributarias y de la corrupción, pero no hay penalidad para esto. La amañada devolución de impuestos a multinacionales es escandalosa como son las devoluciones a la exportación (Drawback). Una filial extranjera suele pagar tasas de interés excesivas por préstamos, ficticios, a su casa matriz u otra filial, etc. En fin, hay mucho por corregir.

Sería largo mencionar la inmensidad de malas prácticas tributarias de empresas nacionales y extranjeras. Pero lo mencionado, nos da la idea de la necesidad de esta reforma y tributaria, que va más allá del impuesto a los ricachones. Pero más importante que la recaudación es la fiscalización y el rendimiento de la recaudación. De lo contrario todo será un engaño. Ustedes que dicen. ¿Y cuál será la alternativa de las cúpulas políticas? O, es que no la tienen.